En esa fecha, el acusado, que es reincidente, tenía prohibido salir de la ciudad de Santander.
El Ministerio Fiscal señala que el director gerente de la propia empresa certificó que la hija de Sota venía desempeñando las funicones de técnico financiero.
La Fiscalía ha visto indicios de criminalidad en cuatro de los hechos inicialmente denunciados por IU y PP
“Si las diligencias que parece que se van a abrir ahora concluyesen en algún tipo de responsabilidad, éstas ya han sido asumidas con el cese de los dos directivos”, dice la consejera de Sanidad.
El fiscal ha mantenido la calificación de los hechos pero ha rebajado su petición de pena de cinco años a cuatro años y seis meses.
Ha vuelto a reclamar de nuevo, y por escrito, reunirse con Revilla para instarle a ordenar que se cumpla el acuerdo suscrito en 2016.
El juicio en el que Ortiz reclama a Magni 6.000 euros por una presunta vulneración de su derecho al honor queda visto para sentencia.
El sindicato ya ha denunciado en el Juzgado de lo Social y Gobierno las vulneraciones de convenio y las aperturas dominicales ilegales.
El motivo fue la apropiación indebida en la compraventa del negocio familiar.
