SANIDAD

Dimite el gerente de Atención Primaria del SCS tras ser señalado por la Fiscalía

La Fiscalía ha visto indicios de criminalidad en cuatro de los hechos inicialmente denunciados por IU y PP

presentación del director gerente de Atención Primaria, Alejandro Rojo.
gp ©
20 oct 15
presentación del director gerente de Atención Primaria, Alejandro Rojo. gp © 20 oct 15

El gerente de Atención Primaria del Servicio Cántabro de Salud (SCS), Alejandro Rojo, ha presentado su dimisión tras conocerse que es una de las cuatro personas contra las que se dirige la denuncia que la Fiscalía ha remitido al juzgado por presuntas irregularidades en contratos del SCS. La denuncia de la Fiscalía también señala al exgerente del SCS, Julián Pérez Gil, y al exdirector de Gestión Económica, Francisco Javier Gónzález Gómez, que presentaron su dimisión a finales de mayo, así como al asesor externo Álvaro Sáenz de Viteri, contratado por los anteriores, por lo que Rojo era el único de los investigados que seguía en el cargo.

Revilla admitió hace una semana que desconocía la situación del hasta ahora gerente, añadiendo que lo hablaría con Real

Hace justamente una semana, el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla (PRC), declaraba a los medios después de su viaje a México, que los directivos del SCS contra los que se dirige la denuncia de la Fiscalía "están ya fuera del organigrama de gestión del SCS", en alusión a Pérez Gil y González, y admitió que desconocía la situación del gerente de Atención Primaria, añadiendo que lo hablaría con la consejera de Sanidad, Luisa Real (PSOE). En esas mismas declaraciones, Revilla respaldó de nuevo a la titular de Sanidad, puesto que en la denuncia de la Fiscalía "no hay ningún indicio que la involucre". Y avisó de que "en el momento en que haya alguna persona imputada del Gobierno, exigirá la dimisión".

La Fiscalía ha visto indicios de criminalidad en cuatro de los hechos inicialmente denunciados por IU y PP, en los que según el Ministerio Público se habrían cometido presuntamente delitos de prevaricación administrativa, de fraude y exacciones ilegales y/o malversación de caudales públicos. "Todo ello, sin perjuicio de que a lo largo de la instrucción del procedimiento se pueda ampliar el número de investigados y/o delitos cometidos", puntualizaron desde la Fiscalía en declaraciones a Europa Press.