La fiscal ha mantenido la petición de dos años de cárcel para el expresidente de la CEOE de Cantabria Miguel Mirones y actual presidente de la Asociación Nacional de Balnearios por un supuesto delito de apropiación indebida en la compraventa de un negocio familiar dedicado a la explotación de este tipo de alojamientos turísticos.

La representante del Ministerio Público ha elevado a definitivas sus conclusiones tras escuchar a los acusados -también está procesado Santos Mirones, hermano de Miguel-, testigos y peritos, en tanto que las defensas han reiterado la libre absolución para sus patrocinados.

Ha sido en la segunda sesión del juicio, que arrancó este martes en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Cantabria con la declaración de los dos implicados, y después de que otros cuatro hermanos anunciaran a través de sus letrados que retiraban la acusación particular que venían ejerciendo contra ellos, y por la que pedían tres años y nueve meses de cárcel para Miguel y tres años para Santos por un delito societario.

De este modo, la Fiscalía -que subsidiariamente a los dos años por apropiación indebida interesa 18 meses por supuesta administración desleal- se quedó sola como única parte acusadora en el proceso.

En la sesión de este miércoles, en la que se ha practicado el resto de la prueba testifical y toda la pericial, fiscal y defensas han dado por reproducida la prueba documental y no han modificado sus conclusiones, con lo que al elevarlas a definitivas mantienen por un lado las penas anunciadas y por otro la libre absolución para Miguel y Santos Mirones.

Están acusados por vender un paquete de 1.277.514 acciones de la sociedad familiar Tres Mares S.A. a Estratac S.L, de la que eran socios los dos.

La venta fue realizada supuestamente, según el escrito de la Fiscalía, sin el conocimiento del resto de hermanos y con el consiguiente perjuicio para estos debido al valor económico (se efectuó por 6,9 millones a satisfacer en diez años cuando estaba valorada en 8,5 millones) y las condiciones en que se llevó a cabo (sin pactar interés de aplazamiento ni garantías para asegurar el pago o posibilidad de resolver la compraventa).

Sin embargo, los dos aseguraron ante la sala que la operación fue "hablada, pactada y acordada" por "todos" los miembros de la unidad familiar. "La conocía toda la familia", zanjó el exjefe de la patronal cántabra y máximo representante de los balnearios españoles.

Y aunque admitió que la operación, prevista en agosto de 2014 y ejecutada en noviembre de ese año, se había "acelerado", argumentó que fue por la "presión" de sus hermanos, y después de que uno de ellos -Javier, el principal querellante- alertara de problemas de tesorería de la sociedad familiar que podrían llevar a la insolvencia o incluso al concurso.

Dicha situación podría arrastrar, por su importante participación, a Balnearios y Hoteles de Cantabria (BALYHO S.L), de la que Miguel y Javier eran administradores solidarios y que se dedicaba a la explotación de unos apartamentos y alquiler de oficinas y bajos comerciales.

Para evitar tal extremo y "salvar" la sociedad familiar, el exlíder de la CEOE regional esgrimió que ofreció su aval personal y puso en juego todo su patrimonio.

Tras la declaración de los procesados, testigos y peritos -uno de los cuales ha corroborado este miércoles que la situación en Tres Mares era "muy compleja" y que afectaba a BALYHO, y que la compra de las acciones "convino" a los intereses de esta última-, y después de que Fiscalía y defensas hayan elevado a definitivas sus conclusiones, el juicio proseguirá este jueves, a partir de las 10.00 horas, con la lectura de los informes y quedará visto para sentencia.