La Fiscalía de Cantabria ha solicitado el archivo de las actuaciones abiertas en el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) a raíz de la denuncia de OlaCantabria contra el consejero de Economía, Hacienda y Empleo, Juan José Sota, por el 'caso Sogiese', al entender que los hechos que en ella se señalan "no son constitutivos de delito". Así lo sostiene en un escrito, de 14 de diciembre, de la fiscal superior María Pilar Jiménez, dirigido a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), al que ha tenido acceso Europa Press. Esta petición se ha realizado después de que Sota declarara, a primeros de diciembre, como investigado ante el TSJC, por este caso, relacionado con el pago de sobresueldos a algunos empleados de la empresa pública Sogiese, creada para gestionar uno de los programas de cooperación territorial europea, del sudoeste europeo, dirigido a fomentar la cohesión económica y social en esta zona. OlaCantabria, partido al que está vinculado el diputado Juan Ramón Carrancio, ex de Ciudadanos pero integrante del grupo mixto, denunció en septiembre de 2018 por no actuar ante supuestos sobresueldos a algunos trabajadores de Sogiese para recuperar ese dinero, presuntamente indebidamente pagado, y devolverlo a la Tesorería General de la comunidad autónoma, con el que correspondiente perjuicio, que a su juicio, había para las arcas públicas.

En su escrito de 14 de diciembre de la Fiscalía en el que pide el archivo de las actuaciones, la Fiscalía señala que la denuncia interpuesta por OlaCantabria es "similar" a la que se presentó a la Fiscalía en febrero de este año "con la única diferencia de incluir en el relato de hechos la motivación" que, según OlaCantabria, tenía Sota para, supuestamente, "no realizar gestión ni actuación tendente a la recuperación de las cantidades". En este sentido, la Fiscalía recuerda en su escrito que OlaCantabria mantiene en su denuncia que la supuesta "inacción" de Sota vino determinada por su vinculación familiar con una de las personas que estaban siendo retribuidas por encima de la previsión legal, que, según este partido, era la propia hija del consejero. Sin embargo, la Fiscalía ha subrayado que este extremo "no se ha acreditado" habida cuenta de que en la descripción de los puestos de trabajo del informe definitivo de control financiero a Sogiese de marzo de 2016, no se encuentra el que ocupaba la aludida. El Ministerio Fiscal señala que el director gerente de la propia empresa certificó que la hija de Sota venía desempeñando las funicones de técnico financiero.

La Fiscalía también pone en duda la "inacción" de Sota que alega OlaCantabria en su denuncia

Además, en su escrito, la Fiscalía también pone en duda la "inacción" de Sota que alega OlaCantabria en su denuncia. En este sentido, la Fiscalía señala que la Ley de Cantabria 2/2012 de Medidas Administrativas, Económicas y Financieras para la Sostenibilidad de los Servicios Públicos de la Comunidad, aprobada durante la pasada legislatura con el PP, daba la posibilidad "extraordinaria" de superar los topes establecidos. Por ello, según relata la Fiscalía, en septiembre de 2016, se llevó al Consejo de Gobierno la propuesta de elevar la retribución anual del personal de la Secretaría Técnica Conjunta del programa Sudoeste Europeo por encima de los topes establecidos, así como autorizar la equiparación del gerente de SOGIESE al resto de directores de empresas públicas con relación especial de alta dirección. La Fiscalía señala que, aun habiendo elevado la propuesta expuesta al Consejo de Gobierno y haber sido aprobada, Sota, ante la petición, en julio de 2018, de la Intervención de la comunidad de que debía tramitarse formalmente la disconformidad originariamente surgida, la llevó a cabo. Esto, señala la Fiscalía, tuvo como consecuencia que el Consejo de Gobierno, en el mes de septiembre, acordó que las "irregularidades que había detectado la Intervención General habían quedado subsanadas" con la documentación aportada por Sogiese y "sin menoscabo de fondos públicos".

Además, la Fiscalía señala que la denuncia parte de una base que, a su juicio, ha quedado acreditado que no es así. Hace referencia de esta manera a que la denuncia parece partir de que el capital de la empresa Sogiese es aportado en su totalidad por el Gobierno de Cantabria y que los salarios, que sobrepasando lo permitido se asignaron a cinco trabajadores debieron ser devueltos a la Tesorería regional, tal y como propuso el informe de la Intervención. Sin embargo, la Fiscalía apunta a que, según la documentación que figura en las actuaciones resultó acreditado que Sogiese fue constituida bajo la tutela de la Consejería de Economía y Hacienda tras la designación de Cantabria como gestora del programa 'Sudeste Europeo' y que los gastos de gestión del mismo programa venían "prácticamente cubiertos en su totalidad por los Fondos Europeos de Desarrollo Regional (FEDER)", no del Gobierno autonómico. También sostiene que, en su día, también quedó acreditado que esa financiación incluía gastos de personal de la Secretaria Técnica que se abonaban íntegramente con los citados fondos mientras que los salarios de personal de la Autoridad de gestión se abonaban en un 80% por los FEDER y en in 20% por el Ejecutivo autonómico.

Además de la Fiscalía, el letrado del Gobierno de Cantabria también solicitó el archivo de la causa. Respecto a esta solicitud de archivo por parte del letrado de la Administración, Carrancio ha afirmado que le parece "fatal que se utilicen los recursos públicos para proteger la situación personal del consejero, en lugar de intentar recuperar el dinero de todos".