La Fiscalía ha interesado la estimación de la demanda interpuesta por el alcalde de Astillero, Francisco Ortiz (PRC), contra el exportavoz municipal de Izquierda Unida, Raúl Magni, al entender que las expresiones que vertió en su muro de Facebook contra el regidor "exceden" de la mera crítica política y supusieron una intromisión ilegítima en el derecho al honor. Sin embargo, reduce la indemnización a 1.000 euros, cantidad que la fiscal ha considerado "razonable", frente a los 6.000 que pide el demandante, que además de alcalde es diputado del PRC en el Parlamento autonómico. El juicio ha quedado visto para sentencia este lunes en el Juzgado de primera instancia nº 6 de Santander. La demanda alude a tres publicaciones de Magni en Facebook el pasado mes de enero, coincidiendo con la polémica por el proyecto de semipeatonalización de la calle Francisco Díaz Pimienta, y cuando ya no era concejal (renunció por motivos personales un año antes, en enero de 2017) ni estaba vinculado ya a Izquierda Unida. En ellas acusa al alcalde de aprobar obras "por sus santos cojones"; de colocar a personas "a dedo"; tratar a los trabajadores municipales "con total desprecio" e incluso "insultar y amenazar a las personas que no le lamen el culo". Además, le llama "cacique" y "mala persona".

Ortiz afirma que las publicaciones de Magni en Facebook fueron "dañinas" para su persona y su entorno "en todos los ámbitos"

A preguntas de la fiscal, el alcalde ha explicado que se enteró de los comentarios por terceras personas y que no pudo acceder directamente a ellos porque Magni le tiene "vetado" en Facebook. Ya en respuesta a su abogada, ha señalado que era un "bombardeo continuo" y "cuando llegó a un nivel insostenible" decidió poner la demanda. Magni, que según ha dicho tiene aproximadamente un millar de amigos en la citada red social, ha afirmado que no pidió a sus contactos que compartieran o difundieran sus publicaciones, argumento que ha sostenido su abogado para negar la "campaña de difamación" de la que le acusa el alcalde. Asimismo, ha declarado que lo que escribió en Facebook lo leía también en la prensa, en las actas del Pleno y lo oía en la calle. "Nunca con la gravedad" con la que Magni vierte sus acusaciones en Facebook, ha replicado Ortiz, quien ha afirmado que sus publicaciones fueron "dañinas" para su persona y su entorno "en todos los ámbitos", el personal, el familiar e incluso el político, porque según ha desvelado su partido le pidió explicaciones a nivel autonómico. Su abogada ha sostenido que las acusaciones del exportavoz de IU "no son opiniones", sino "imputaciones falsas" de delitos tales como "prevaricación y malversación", realizadas "a título personal" porque ya no era cargo público. El letrado de Magni, por su parte, ha argumentado que en este caso "prevalece el derecho a la libertad de expresión", que "no se ha imputado delito" y que fueron opiniones sobre la gestión política del alcalde, de alguien que "hoy en día es un ciudadano más" y no tiene ningún cargo. Ha añadido que el demandado "no es un periodista con lo que no tiene que ceñirse al principio de veracidad ni acreditar nada". De igual forma, ha señalado que el alcalde "no ha acreditado ningún daño", ni que hubiera "ningún tipo de animadversión" y que ha "magnificado" el asunto para que trascendiera más allá de Astillero.