El Defensor del Pueblo ha instado al Gobierno de Cantabria a proceder a la limpieza de isla de Solvay, tras la denuncia que presentó Ecologistas en Acción el 20 de enero de 2023 sobre la "grave" situación del vertedero, como consecuencia de "la negativa" del Ejecutivo autonómico a declararlo suelo contaminado y proceder a su limpieza.

Según ha señalado Ecologistas en Acción en nota de prensa, la organización ha realizado repetidas denuncias ante las consejerías competentes para declarar 'suelo contaminado' el vertedero y proceder a su limpieza, que se han saldado siempre con negativas. Así, ha celebrado que el Defensor del Pueblo ordene ahora al Gobierno de Cantabria proceder a la limpieza de la isla de Solvay, conocida como Isla Montii.

Según ha explicado, este vertedero ha sido utilizado durante decenios para depositar los residuos generados por la empresa Solvay, como PCBs, hidrocarburos, metales, compuestos organoclorados, con "altas" concentraciones en suelo y aguas subterráneas, quedando pendiente de estudio, en el capítulo de incertidumbres, los efectos sobre la salud humana por posible inhalación, contacto o consumo de pescado en el entorno del vertedero.

Ecologistas en Acción considera el riesgo "inadmisible" si se considera activa la lixiviación, "según refleja el informe realizado por la empresa Kepler Ingeniería", que realizó por encargo de SAITEC, contratada por la Confederación Hidrográfica, al ser esta ubicación la elegida en 2019 para la construcción de la EDAR que sustituiría a la actual, aunque posteriormente fue descartada como consecuencia de dicho informe.

La organización ha apuntado que dicha ubicación de descartó a pesar de que en el Estudio de Impacto Ambiental de las siete posibles ubicaciones, sometido a información pública en 2017, se citaba que, de ser elegida la Isla de Solvay se procedería a la retirada previa de los residuos allí depositados.

Así, el informe del Defensor del Pueblo, recibido por el colectivo el pasado 22 de diciembre, después de recabar los informes solicitados a la CHC y la Consejería de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, es "claro y determinante" y argumenta la necesaria limpieza del vertedero según la legislación.

El Defensor del Pueblo sugiere a la Consejería que inicie y resuelva el procedimiento de declaración de suelos contaminados, de acuerdo con lo establecido en la Ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular. También indica que en la declaración de suelo contaminado establezca las medidas necesarias para proceder a su descontaminación, con el fin de recuperarlo y situar la concentración de contaminantes en niveles de riesgo aceptables para la salud humana y el medioambiente, teniendo en cuenta el uso del suelo en el momento de producirse la contaminación.

De esta forma, desde Ecologistas en Acción entienden que tanto la Consejería como la empresa han de asumir sus responsabilidades dentro del marco legislativo y jurídico vigente. A su juicio, es "inadmisible" que los residuos tóxicos permanezcan almacenados en una isla como "herencia envenenada" para las futuras generaciones, provocando un "progresivo deterioro ambiental" en el entorno de la ría San Martín, víctima de una contaminación "histórica".