El PP no deja de protagonizar polémicas desde que asumiera el mando del Gobierno de Cantabria hace poco más de un año. A los problemas en Sanidad y Educación se ha sumado recientemente la privatización de diferentes servicios de Cantur, la empresa pública encargada de la gestión turística en la región. Concretamente, del Hotel La Corza Blanca y de los servicios de hostelería de Alto Campoo. Una decisión que ha coincidido en el tiempo con otra que contrasta mucho con la presunta reducción de deuda que quiere hacer el consejero, Luis Martínez Abad, en la empresa pública: una fiesta privadaque ha tenido un coste de 70.000 euros.

Y todo eso en un contexto en el que los ‘populares’, con María José Sáenz de Buruaga al frente, han subido por segundo año consecutivo el salario a los consejeros, que han visto cómo sus ingresos han mejorado un 8,5% en apenas dos años. No quedando ahí la cosa, Martínez Abad no ha dudado en acusar a los trabajadores de Cantur de mentir e, incluso, de utilizar la violencia en una concentración pacífica en la que la policía solo hizo acto de presencia para lo que suele hacerlo en estas situaciones: ordenar un poco el tráfico y respetar a los manifestantes que solo buscaban defender sus derechos con las herramientas que otorga la Constitución.

FIESTAS

Así, el PP de Buruaga ha optado por privatizar parte de los servicios que ofrece Cantur tan solo una semana antes de invertir miles de euros en una fiesta a la que solo pudieron acceder algunos de los abonados a la temporada invernal de Alto Campoo del año pasado. Todo mientras sobrevuela el argumento de una presunta deuda de 4 millones de euros que nadie, ni trabajadores ni la sociedad ni partidos de la oposición, ha visto en papeles.

Así lo anunció el propio consejero a principios de mes cuando informó de que el grupo empresarial SNÖ Hoteles se iba a hacer cargo de la gestión del Hotel La Corza Blanca y de los servicios de restauración de Alto Campoo. Según explicó en ese momento, se intentaba con esto hacer frente a los altos costes de la gestión pública, que había provocado un agujero económico de millones de euros. 

La decisión fue rechazada de lleno por los trabajadores de la empresa dependiente del Gobierno, que llegaron a encerrarse en la sede de Cantur en el PCTCAN para ser escuchados por el consejero, que no solo les garantizó los puestos de trabajo, sino que llegó a negar la realidad y aseguró que dejar en manos de una empresa privada estos servicios no era una privatización.

ABOGADOS PRIVADOS

Nada de eso convenció a los trabajadores. Y tampoco a la oposición, que cargó contra el Ejecutivo del PP por esta privatización de servicios que consideraron el inicio de algo más. Y algo más llegó, ya que el pasado 21 de noviembre saltó la noticia de que Cantur iba a contratar un abogado privado con el argumento de que su servicio jurídico no era suficiente para afrontar los conflictos y litigios a los que se enfrenta anualmente la empresa pública, la mayoría de ellos de carácter laboral.

Lo que el PP tendría que hacer es “poner énfasis en las mesas de negociación y reducir la conflictividad laboral que existe”

Efectivamente, Cantur cuenta con sus propios abogados, pero el alto volumen de litigiosidad ha llevado al PP a pagar a un abogado privado. ¿Cuánto? 72.000 euros por un solo año, más o menos lo mismo que hace una semana pagó por la fiesta privada con la que presentó la campaña invernal de Alto Campoo de este año en Escenario Santander.

Esta contratación externa, otra más en la empresa pública, ha sido vista como un paso más en la privatización. El sindicato CCOO así lo denunciaba ayer viernes, calificándola como “otra dinámica más de privatización en la entidad”. En este sentido, destacaba que en lugar de privatizar, lo que el PP tendría que hacer es “poner énfasis en las mesas de negociación y reducir la conflictividad laboral que existe”.

MANIFESTACIÓN

Curiosamente, el argumento para su contratación es que los cuatro profesionales que trabajan en el departamento legal de Cantur no tienen experiencia en materia laboral, y mientras tanto, la dirección de la empresa pública privatiza servicios y lleva a los trabajadores a manifestarse por sus derechos mientras les acusa de ser violentos.

Los trabajadores reiteraron en más de una ocasión el “malestar porque se sienten engañados y defraudados por este Gobierno”

Eso fue lo que pasó apenas una semana antes, el 14 de noviembre, cuando cerca de 300 trabajadores cortaron la S-20 en el entorno de Escenario Santander para reclamar que Cantur siga siendo una empresa pública. Y mientras gritos y silbatos podían oírse fuera, los invitados al evento en el interior de la sala de conciertos disfrutaban de la actuación de Sidecars, diferentes regalos e invitaciones de bebidas. Era la forma que tenía el PP de comenzar la temporada invernal, gastando 70.000 euros y pidiendo disculpas a los invitados por “si los actos vandálicos de unos pocos os han incomodado”. Al término de la protesta, no se había registrado ni un solo incidente vandálico como los que apuntó Martínez Abad en su intervención.

Es más, los trabajadores reiteraron en más de una ocasión durante su concentración el “malestar porque se sienten engañados y defraudados por este Gobierno”, que llegó al poder con una serie de promesas que, a tenor de lo visto en diferentes áreas, no parece estar cumpliendo. De hecho, criticaron que el PP no haya entregado a estas alturas “las cuentas de cuatro años” en los que, dicen los ‘populares’, se ha producido una deuda millonaria, y que “son una mentira” para los empleados de Cantur.

PRESUNTOS INCUMPLIMIENTOS

A todo esto se suman dos factores complementarios cuanto menos curiosos. Por un lado, mientras se privatizan servicios en la empresa pública de turismo, el PP aumenta la plantilla de la Administración pública y de las empresas públicas que gestiona, con Cantur a la cabeza.

Por otro, un posible incumplimiento de la legalidad. Como señaló Cantabristas, tras el convenio podría haber una utilización contraria a derecho de la figura del convenio de colaboración, buscando “eludir deliberadamente un proceso de licitación ordinario”. La formación explicó que, según la normativa, ceder la gestión de servicios de titularidad pública a una empresa privada -que, como es lógico, tiene ánimo de lucro-, debe realizarse a través de un contrato de concesión de servicios. Por eso, aunque este caso se está intentando “revestir de colaboración público-privada para hacerlo pasar por un convenio”, este no se ajusta a lo dispuesto por la ley.

CAMPOO DE SUSO

Pero además, el Ayuntamiento de Hermandad de Campoo de Suso ha registrado una denuncia sobre una presunta ilegalidad que habría cometido el Gobierno del PP con esta privatización de servicios. Según dicha denuncia, se da la circunstancia de que los terrenos en los que se ubican las instalaciones de hostelería de Alto Campoo son de titularidad pública cedidos por el Ayuntamiento al Gobierno.

En 2021 se renovó el convenio vigente en una Resolución Municipal que establece que los traspasos de cesión de dichos terrenos a terceras personas “requieren la aprobación expresa del Ayuntamiento”, algo que no habría ocurrido. Aunque no es una estricta cesión de terrenos, el convenio de colaboración público-privada sí establece la cesión de la gestión de las instalaciones ubicadas en dichos terrenos municipales utilizados por Cantur y que ahora pasan a manos privadas. Y todo esto ha ocurrido en apenas 15 días.