Los comerciantes de Torrelavega han pedido una moratoria hasta el mes de diciembre para la delimitación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), que esté supeditada a la realización de un estudio que evalúe el impacto económico que tendrá sobre el comercio. Esta es una de las peticiones que los representantes del sector han trasladado a la Cámara de Comercio en una reunión mantenida ayer miércoles, en la que los comerciantes han solicitado a la entidad que haga un papel de interlocutor con el Ayuntamiento para definir la ZBE.

Así, además de la moratoria han reclamado a la Cámara que pida al Consistorio desarrollar un proceso de participación ciudadana para informar y recabar las aportaciones de los torrelaveguenses, además de un análisis en paralelo de otras opciones como la posible exención de Torrelavega de esta zona de bajas emisiones, similar a lo ocurrido en Pontevedra.

En la reunión de ayer participaron representantes del comercio de la ciudad como Miguel Rincón, presidente de Apemecac; Javier Bedia, presidente de la Asociación Empresarial de Hostelería de Cantabria (AEHC); Cesar Muriedas, vocal de la AEHC en Torrelavega; Rodolfo del Barrio, representando a las asociaciones de comerciantes de la Cámara; Julián Crespo, de la asociación Emtorre; Aurora Coterillo, presidenta de la asociación Oteando, y el comerciante Ángel Herreros.

El representación de Cámara estuvo su presidente, Carlos Augusto Carrasco, además de Ángel García Viñas y Julio Fernández Iturbe. También acudió el docente e investigador José Luis Moura, miembro del Grupo de Investigación Movilidad Sostenible e Ingeniería Ferroviaria (SUM+LAB) de la Universidad de Cantabria.

Él fue el encargado de trasladar a los representantes de las distintas asociaciones qué son y qué implican las zonas de bajas emisiones, las limitaciones que pueden suponer, cómo debe ser el desarrollo de la movilidad sostenible en las ciudades para favorecer las bajas emisiones en paralelo a la implantación de zonas de bajas emisiones, la flexibilidad en la implantación y su impacto en la actividad económica.