La Plataforma Salvar Torrelavega ha presentado ante el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) una demanda contra el Ayuntamiento impugnando la delimitación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de la ciudad.

La acción legal está dirigida por el despacho jurídico DVUELTA, especializado en la impugnación de ordenanzas y que ya consiguió una anulación de la de la ZBE de Madrid, denominada 'Madrid Central', y también la del Ayuntamiento de Gijón.

Así, 'Salvar Torrelavega' busca anular con su demanda una medida que considera "arbitraria, deficiente y carente de fundamentación legal adecuada".

La demanda se presentó dentro de los plazos legales y ya se ha comunicado su admisión a trámite, lo que a juicio del portavoz de la platafoma, Ángel Herreros, "supone un espaldarazo a los argumentos jurídicos esgrimidos respecto a una delimitación que está plagada de irregularidades en su tramitación que afectan a los derechos de los ciudadanos, sin ni siquiera argumentar su impacto en la mejora de la calidad del aire".

Su objetivo es conseguir la nulidad de pleno derecho del acuerdo del Ayuntamiento de Torrelavega, instando a que se reconsidere la implementación de la ZBE bajo un marco "más riguroso y conforme a la legalidad vigente".

Herreros ha señalado que esta actuación es "un paso necesario y obligado" ante el "desprecio" mostrado por el Ayuntamiento a las propuestas del colectivo para conseguir una delimitación de la ZBE "menos lesiva" para los sectores económicos de Torrelavega (comerciantes, hosteleros, profesionales, autónomos, pymes...) y también para los más de 200.000 habitantes de Cantabria que tienen en la ciudad su "referente para las compras, los servicios y el ocio".

Ha lamentado la "falta de empatía" que en su opinión ha manifestado el Consistorio "desde el primer momento en que se planteó la ZBE, que se ha confirmado con una ordenanza de carácter recaudador y pensada para imponer cuantiosas multas".

LIMITA LOS DERECHOS DE LOS CIUDADANOS

La plataforma denuncia que la delimitación de la ZBE "vulneran el principio de proporcionalidad" al imponer restricciones significativas a la circulación de personas y vehículos "sin un análisis riguroso que justifique tal medida".

Así, la demanda argumenta que esta delimitación de la ZBE "no solo es innecesaria, dado el bajo nivel de emisiones procedentes de vehículos en el municipio", sino que también representa una "limitación indebida de los derechos de los ciudadanos".

El Pleno del Ayuntamiento de Torrelavega aprobó definitivamente el 5 de marzo el Estudio y Propuesta de Delimitación de la ZBE, redactado por la empresa Doymo, pero los expertos jurídicos de DVUELTA sostienen que dicho acuerdo se adoptó "sin el debido respaldo técnico y jurídico, lo que compromete la validez de la medida".

En la demanda presentada ante el TSJC se alegan una serie de irregularidades técnicas y legales que invalidarían, en opinión del equipo jurídico, la aplicación de la norma, resaltando que incluso no se argumenta la mejora en la calidad del aire, que debería ser su fin último.

Entre esas irregularidades señalan la ausencia de supervisión técnica, ya que el informe económico y presupuestario que acompaña al proyecto de Doymo "no cuenta con la debida autorización por parte de órganos administrativos competentes", como el interventor municipal; la falta de cualificación del autor del informe, pues el documento "no incluye ningún profesional con cualificación en materia económica, financiera o presupuestaria"; o deficiencias en la evaluación del impacto económico y competencia.

Además, inciden en que la justificación de la ZBE en términos de mejora de la calidad del aire y contaminación acústica "es insuficiente y se basa en datos incompletos", y que "los propios informes reconocen que Torrelavega no sufre altos niveles de contaminación, lo que pone en duda la proporcionalidad y necesidad de la medida".