La Consejería de Fomento ha anulado el procedimiento de contratación para construir el aparcamiento disuasorio en altura del Ferial de Torrelavega debido a un "error grave" al omitir más de 300.000 euros correspondientes al coste del hormigón.

Esto afecta al presupuesto base de licitación, que era de 5,6 millones de euros, y al valor estimado del contrato, lo que para los técnicos es "una infracción insubsanable", como se recoge en la resolución de la Consejería en la que se acuerda desistir del procedimiento de contratación que estaba en marcha.

Por ello, Fomento ha optado por volver a convocar el concurso, pero confía en que se van a cumplir los plazos exigidos para obtener los fondos europeos con los que se pretende financiar el aparcamiento, según ha señalado a Europa Press el consejero del área, Roberto Media.

Para cumplir ese objetivo y que no haya retrasos en la obra, que tiene un plazo de ejecución de 18 meses, el nuevo concurso irá mañana al Consejo de Gobierno para su aprobación, junto al plan de financiación plurianual del proyecto una vez que el que se había diseñado inicialmente también ha quedado anulado al no incorporar el coste del hormigón.

A continuación, la próxima semana -"el lunes o martes"- se publicará en la Plataforma de Contratación del Estado, dando un plazo de 15 días a las empresas para que vuelvan a presentar sus ofertas. La intención, según el consejero, es adjudicar el proyecto en la primera quincena de marzo, para tener la obra lista a finales del 2025 -el plazo límite para los fondos europeos es el 31 de diciembre-.

El expediente de contratación del aparcamiento en altura se inició en diciembre de 2022, y en agosto de 2023 la mesa de contratación propuso adjudicar el proyecto a una de las empresas que se habían presentado, pero otra de ellas presentó un recurso tras ser excluida, y el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales le dio la razón.

La mesa de contratación excluyó a esa empresa por "justificar insuficientemente su oferta incursa en valores anormales o desproporcionados", pero esta argumentó que su propuesta se ajustaba al cuadro de precios descompuestos del proyecto, que "en ningún momento" recogía la partida de más de 300.000 euros para el hormigón armado de pilares y forjados. Así, defendía que no se podía justificar su exclusión por la ausencia de unos conceptos que no se hallaban reflejados.