El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) ha anulado esta semana tres de las seis resoluciones administrativas del Ejecutivo de Cantabria que en verano de 2022 autorizaron la muerte de hasta diez lobos, gracias a las seis acciones administrativas (recursos de alzada) y judiciales cursadas por la Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico Ascel.

A través de la petición de medidas cautelares que hizo esta Asociación se ha logrado suspender en la práctica la aplicación de esas acciones de control letal promovidas por el Gobierno de Cantabria, a la espera de las sentencias.

En sus sentencias, el tribunal considera que la administración no ha logrado acreditar ambos extremos. Y es que "se ha limitado a aseverar la presencia en las explotaciones ganaderas afectadas de perros mastines o de otras razas, y ha tratado de explicar la improcedencia de ciertos vallados en los montes públicos". Y, por otro lado, el informe que ha aportado "ni delimita de forma diáfana el área objeto de estudio, ni se refiere a las características de las manadas afectadas, ni pone en relación directa la extracción autorizada con el estado de conservación de la especie".

Para la Sala de lo Contencioso del TSJC, tales explicaciones no resultan suficientes para justificar la necesidad de la medida, ya que "la norma exige mucho más". Por todo ello, estima el recurso de ASCEL y anula la extracción de lobos acordada por el Gobierno, al que impone el pago de las costas procesales.