Este fin de semana en la localidad de Argoños se ha denunciado la ocupación ilegal de otro inmueble, propiedad del Gobierno de Cantabria. Se trata de la octava vivienda que se ha ocupado de las que el Ejecutivo tiene en su poder, tras indemnizar a los propietarios, que están afectados por las sentencias de derribo. Así lo ha hecho saber el Gobierno de Cantabria, después de que el consejero de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Roberto Media, se trasladara este lunes a la localidad a petición del alcalde y los miembros de la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA).

Desde esta Asociación, han denunciado que este no se trata de un caso aislado en el municipio, ni es un problema nuevo para los vecinos. “Estas ocupaciones son de auténticas mafias que generan más problemas de convivencia a los vecinos”, ha explicado Antonio Vilela, miembro de AMA y columnista habitual de El Diario Cantabria. Así, ha explicado que los vecinos están afectados en su día a día. “Hay una ida y venida de vehículos de alta gama a toda velocidad, por lo que ya no dejan salir a jugar a los niños a la calle, los robos han aumentado exponencialmente en el municipio y se han producido muchos enfrentamientos”.

Son los propios vecinos los primeros en haberse organizado en contra de estas actividades, que aseguran que son estudiadas y organizadas de forma cuasiprofesional. “En muchas de estas situaciones son auténticas mafias que acaban vendiendo drogas y creando más problemas”, ha lamentado Vilela, al tiempo que ha incidido en que los ciudadanos tienen las manos atadas “porque no tenemos medios para demostrarlo, los políticos nos dicen que no pueden hacer nada y la policía nos cuentan que a la semana del soltarlos están volviendo a hace otra”.

Estos grupos organizados, ha denunciado el Gobierno, aprovechan que estas viviendas están desocupadas y sus propietarios -en este caso el Gobierno- fuera para impedir que se les desaloje en las primeras horas. Y es que, una vez establecidos, "compran y venden contratos entre ellos" y "no hay manera de echarlos". Es por eso que, en muchas ocasiones, son los demás vecinos los que se han organizado para impedirles el acceso, “con el consiguiente riesgo y enfrentamientos, que ya ha pasado”, ha recalcado Vilela.

Por este motivo, AMA ha pedido al Gobierno estatal que se lleven a cabo modificaciones legislativas con el derecho comparado europeo. “Lo que no es normal es que con un ticket de supermercado puedan retrasar esta situación 1 ó 2 años cuando en otros países de Europa hay juicios rápidos que soluciona la situación en 24 ó 48 horas”, han insistido.

Asimismo, la asociación ha querido recalcar que no quieren que su petición se confunda con “la necesidad de crear más viviendas sociales y la defensa de que todos los españoles debemos tener acceso a una vivienda digna, algo que corresponde hacer cumplir a las Administraciones Públicas”, ha insistido Vilela, que ha criticado al Gobierno porque, “con su dejación, está provocando problemas de convivencias mayores”. “Deberían dar respuesta a los problemas que ya tenemos, no crear más”, ha reiterado, dejando claro que “no es cuestión de derechas e izquierdas, es un tema que se debe solucionar legislativamente”.