El Gobierno de Cantabria ha "desatascado" los 228 expedientes de daños de lobo atrasados de los años 2022 y 2023 y empezará a pagar las correspondientes indemnizaciones la próxima semana, al igual que las ayudas dotadas con 3 millones de euros para los ganaderos que se recogieron en el pacto firmado con el sector el pasado mes de abril. Así lo han avanzado en el Pleno del Parlamento de este martes la presidenta cántabra, María José Sáenz de Buruaga, y la nueva consejera de Ganadería, María Jesús Susinos, quienes también han anunciado que se ha convocado una reunión de la Mesa Agraria el 1 de octubre para abordar con las organizaciones profesionales posibles modificaciones en la planificación financiera del Plan Estratégico de la Política Agraria Común (PEPAC), entre otros asuntos.

Este encuentro estaba convocado para el 11 de septiembre pero se suspendió al ser el día en el que se anunció el cese de Pablo Palencia como consejero del área, con Susinos como sustituta. Precisamente, la de este martes ha sido su primera intervención como consejera en la Cámara donde hasta ahora era diputada, por lo que ha comenzado dando las gracias y ofreciendo su "mano tendida" como titular de la Consejería a los que eran sus compañeros en el Hemiciclo.

Susinos ha reiterado que el Gobierno aprobará un tercer decreto para, como con los dos anteriores,subvencionar los daños causados por la enfermedad hemorrágica epizoótica (EHE) en las cabañas ganaderas, además de que abonará el coste de las vacunas, tal y como anunció la semana pasada. En esta línea, la presidenta también ha destacado que el Ejecutivo ha pagado hasta el momento casi 4 millones de euros para compensar estos daños. Respecto a la PAC, ha informado de que ya se han realizado los trámites para reforzar con más personal las unidades de gestión de ayudas, además de que se ha terminado el estudio "detallado" sobre el primer año de aplicación de la nueva PAC al que se comprometieron, que se va a presentar en la Mesa Agraria.

Buruaga ha hecho estas afirmaciones en el Pleno en respuesta a preguntas de Vox sobre elcumplimiento de los pactos firmados por el Gobierno del PP con los sectores ganadero, sanitario y judicial, y respecto a este último también ha avanzado que el 7 de octubre se pondrá en marcha laremodelación del sistema de gestión procesal VEREDA, con lo que desde mediados de ese mes podrán enviarse telemáticamente los expedientes y otras actuaciones a cualquier órgano judicial de España desde el sistema de la región. En paralelo, se trabaja para lograr la notificación completa del expediente judicial electrónico, continúan los procedimientos de revisión de la normativa autonómica en materia de personal y está abierto el proceso de negociación sobre las condiciones laborales del personal de la justicia. También está "muy avanzado" el decreto de creación de la Oficina fiscal y se han terminado de estudiar las alegaciones al decreto sobre el servicio de asistencia gratuita y turno de oficio, según ha enumerado la jefa del Ejecutivo en respuesta a la portavoz de Vox, Leticia Díaz, que le ha pedido que "no genere incertidumbre" con tantos anuncios.

En este Pleno, con el que se ha retomado el curso parlamentario, la presidenta también ha respondido preguntas de los portavoces de PRC y PSOE sobre la próxima Conferencia de Presidentes que se celebrará en Cantabria y sobre las políticas de vivienda. En este punto ha habido un cruce de acusaciones entre Buruaga y el portavoz socialista, Pablo Zuloaga, por el problema de acceso a la vivienda y el auge de los pisos turísticos. Para Zuloaga, "todas las decisiones que ha tomado y todos los discursos que ha liderado" la presidenta "han servido para que Cantabria sea la comunidad autónoma donde más crece el precio de la vivienda".

Además, ha criticado que Cantabria ya es la tercera comunidad autónoma de España con el porcentaje más elevado de viviendas turísticas, el 1,8%, solo por detrás de Canarias y de Baleares. "Tenemos el segundo mayor incremento de vivienda turística después de Ibiza. Y claro, esto me lleva a pensar que su modelo verdaderamente es convertir Cantabria en la Ibiza del Norte", ha sentenciado, pidiendo al Gobierno un decreto de regulación de la vivienda de uso turístico que "reduzca drásticamente este aumento desproporcionado".

Frente a ello, la 'popular' ha culpado al Gobierno de Pedro Sánchez y "sus políticas de izquierdas" del aumento del precio de la que el precio de la vivienda. Según ha dicho, en Cantabria hay casi 50.000 viviendas cerradas, alrededor del 14% del parque total, cuyos propietarios no las ponen en el mercado de alquiler porque la Ley de Vivienda nacional "no les da ninguna seguridad jurídica. Al contrario, les da pánico".