Cantabristas no ha tardado un solo día en valorar el borrador del nuevo Decreto por el que se regulan las viviendas de uso turístico, siendo muy críticos con el contenido de la propuesta del Gobierno de Cantabria: “no cambia nada respecto a la situación anterior: ni añade requisitos sustanciales, ni nuevas garantías, ni limita un fenómeno que explica en gran medida el aumento del precio de la vivienda”. A ese respecto, la formación política ha señalado que el Ejecutivo de Buruaga está obviando deliberadamente que Cantabria “tiene un problema grave con la proliferación de pisos de uso turístico”, siendo la tercera Comunidad que más viviendas destina a uso turístico en relación al total -el 1,8%-, según el INE, y que este Decreto “plantea justo lo contrario a lo que exige una situación que, a todas luces, está fuera de control”.

Desde la formación cantabrista advierten que el Gobierno “no ha tenido en cuenta ni las numerosas aportaciones del proceso de consulta previa -desde Cantabristas presentaron alegaciones en el proceso de consulta pública previa, donde solicitaban que el nuevo decreto incluyera medidas como establecer un porcentaje máximo de viviendas turísticas respecto del total del parque de vivienda residencial por cada municipio, establecer el régimen de licencia urbanística previa eliminando la declaración responsable, o limitar el número de licencias por propietario, ya fuera particular o empresa- ni las necesidades de la mayoría social de Cantabria”. Esto, en su opinión, es especialmente alarmante porque el Decreto parece estar diseñado “para favorecer los intereses no solo de quienes destinan vivienda a estos usos sino también de las empresas que están adquiriendo viviendas y bloques enteros para destinarlos a alquiler turístico”.

En ese sentido, explican que “el nuevo decreto mantiene el régimen de declaración responsable” –frente al sistema de licencia previa que establecen otras CCAA–, y “no establece mecanismos activos de control, ni prevé que se vayan a realizar inspecciones de ningún tipo”. También que “elimina, en línea con la modificación normativa en trámite, la cédula de habitabilidad como requisito para el uso turístico de un inmueble”. Por eso, consideran, un decreto así “agravará una situación que ya ha traspasado todos los límites hace tiempo”.