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Díaz Tezanos asegura estar “muy contenta” de la investigación de la Comisión Europea porque permitirá “manifestar los argumentos en los que nos basamos”.

Según el IIDMA, el Gobierno cántabro tiene previsto una moratoria para que la multinacional pueda seguir utilizando este sistema en Torrelavega, lo que desafía a la Unión Europea.

"En principio no sobra nadie", ha afirmado García Porras, que ha explicado que los trabajadores pasarían de una sociedad a otra, un proceso "sujeto" a una negociación previa entre el comité y Solvay del convenio. Garantiza además una inversión para cambiar parte de la tecnología que emplea actualmente la fábrica.