Denuncian que los funcionarios de Vigilancia Aduanera de Santander han estado expuestos al amianto "durante casi tres años"
El pasado 2 de abril se celebró una reunión extraordinaria del Comité de Seguridad y Salud InterCentros, cuyo principal tema fue la paralización del patrullero de Vigilancia Aduanera de Santander debido a la detección de amianto. Esta situación ha puesto en evidencia una serie de deficiencias en el protocolo de seguridad y prevención de riesgos laborales en el ámbito de Vigilancia Aduanera (SVA), dejando al descubierto no solo un grave descuido en la protección de los funcionarios, sino también una clara falta de acción frente a denuncias anteriores.
La Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) informó durante el encuentro que, tras realizar un análisis de la embarcación, se encontraron muestras significativas de amianto, un material considerado “altamente cancerígeno” por las autoridades sanitarias. Esta sustancia, que estaba presente en todo el forro y los techos de la embarcación, supone un riesgo evidente para la salud de los trabajadores, quienes han estado tres años expuestos sin que se tomaran las medidas adecuadas pese a haber denunciado la situación.
INACCIÓN ANTE LAS DENUNCIAS DE LOS TRABAJADORES
Este hallazgo es el reflejo de una situación alarmante que se viene arrastrando desde 2022, cuando comenzaron a llegar denuncias sobre la presencia de amianto en el patrullero de Santander y el riesgo que ello implicaba para los funcionarios de Vigilancia Aduanera. Según Fran García, responsable nacional de vigilancia aduanera, la falta de acción inmediata frente a las advertencias previas "ha causado un grave perjuicio a los trabajadores, exponiéndolos a partículas de amianto sin que se tomaran las medidas preventivas adecuadas".
"Esta situación ha causado un grave perjuicio a los trabajadores, exponiéndolos a partículas de amianto sin que se tomaran las medidas preventivas adecuadas"
Asimismo, desde el sindicato CSIF, responsable de la defensa de los derechos de los trabajadores, se ha solicitado una investigación interna para depurar responsabilidades por el retraso en la paralización de la embarcación y la falta de diligencia en la protección de los funcionarios. La denuncia de la presencia de amianto se hizo hace más de tres años, pero no ha sido hasta este mes de abril cuando se ha llevado a cabo la paralización de la la embarcación. Además, el sindicato cuestiona la respuesta de la AEAT, que argumenta la "celeridad entre el análisis y la decisión de paralizar la embarcación". Sin embargo, tres años de inacción se consideran una respuesta totalmente insuficiente frente a un riesgo tan grave para la salud de los trabajadores.
MALA GESTIÓN DE RIESGOS LABORALES
Este retraso es solo un ejemplo más de la "nula política de prevención de riesgos laborales que se ha venido implementando en Vigilancia Aduanera", según CSIF. El sindicato ha criticado duramente la falta de medidas preventivas y señala que la prevención no debe basarse en las actuaciones tras un accidente, sino en la identificación y mitigación de riesgos antes de que estos ocurran. En este caso, el riesgo de exposición al amianto era conocido, pero no se actuó con la urgencia necesaria.
A este respecto, se han planteado diversas preguntas sobre quién fue responsable de evitar o retrasar las acciones de prevención de riesgos, y por qué no se tomaron medidas más inmediatas después de las denuncias. De hecho, el sindicato ha solicitado que los informes de la AEAT sobre esta situación incluyan todas las actuaciones realizadas desde la primera denuncia. Esto implica que durante casi tres años, los funcionarios de Vigilancia Aduanera estuvieron expuestos al amianto, lo que ha generado una profunda preocupación.
Además, el amianto no es el único problema de seguridad que enfrenta el SVA, ya que otros incidentes han puesto de manifiesto la negligencia en cuanto a la seguridad de los trabajadores. Un claro ejemplo es el caso del patrullero "Fénix", en el que los funcionarios fueron obligados a realizar patrullas de más de 3,5 horas, en contra de las recomendaciones de seguridad laboral. Otro incidente grave ocurrió en Canarias, cuando un accidente en el patrullero "Cóndor" pudo haberse evitado si se hubieran tomado en cuenta las denuncias previas sobre el estado del sistema de arriado de las embarcaciones. A pesar de las advertencias de los trabajadores responsables, la dirección de Vigilancia Aduanera optó por mantener la operatividad de la embarcación, lo que acabó en un accidente que, por suerte, no causó víctimas, ya que no había funcionarios a bordo.
EL CANTÁBRICO DESPROTEGIDO ANTE EL NARCOTRÁFICO
Desde CSIF indican que ya "es hora de que la AEAT asuma la responsabilidad de garantizar la seguridad y salud de sus trabajadores. Además, debe dejar de priorizar la operatividad sobre la seguridad, ya que la exposición continua a sustancias cancerígenas como el amianto es un problema grave que no puede seguir ignorándose". Por ello, indican que los funcionarios de Vigilancia Aduanera merecen una atención urgente y prioritaria en materia de prevención de riesgos laborales, y no deben esperar a que ocurran accidentes o se detecten sustancias peligrosas para que se tomen las medidas adecuadas.
Por otra parte, y a día de hoy, la situación es aún más crítica, ya que según ha indicado Fran García, la zona del Cantábrico se encuentra desprotegida ante el narcotráfico debido a la falta de personal de vigilancia aduanera. Esto se debe a la falta de recursos al no haber personal realizando dichas labores debido a la situación actual, lo que pone en riesgo la seguridad de las regiones costeras del norte y muestra aún más las consecuencias de una gestión deficiente en la que la salud y seguridad de los trabajadores han sido sistemáticamente ignoradas.
"Ni Bilbao, ni Santander, ni Ribadeo, ni Gijón... ninguna de las embarcaciones puede realizar las labores frente al narcotráfico en la zona"
Por todo ello, la situación requiere una respuesta urgente y desde el sindicato indican que la AEAT debe tomar medidas inmediatas para garantizar la seguridad de sus funcionarios y la protección del litoral Cantábrico frente a actividades ilegales.