El Gobierno de Cantabria ha aprobado este jueves en su reunión semanal la sanción de 37,2 millones de euros a Sniace por las emisiones de C02 en 2019 y parte de 2020, sanción que los administradores concursales de la empresa -en proceso de liquidación- van a recurrir en vía judicial, según han confirmado a Europa Press.

"Vamos a recurrir todo lo que sea, siempre que sea posible", han manifestado a esta agencia, a la que han explicado que no pueden informar aún de la decisión sobre las ofertas presentadas a la compañía -una de ellas por la totalidad de la unidad productiva y las demás por lotes-, toda vez que tienen que comunicárselo antes al juzgado y aún están en plazo (vence a mediados de la próxima semana).

De la decisión del Ejecutivo PRC-PSOE de dar luz verde a la sanción por una infracción administrativa "muy grave" ha dado cuenta este jueves el portavoz y vicepresidente del bipartito, Pablo Zuloaga, en la rueda de prensa posterior a los acuerdos del Consejo de Gobierno.

La sanción ha sido llevada por la Consejería de Medio Ambiente al encuentro semanal, donde ha sido ratificada para cumplir así la ley estatal que regula los derechos de emisiones y las directivas de la Unión Europea. La cifra está estipulada según los parámetros marcados desde el Ministerio para la Transición Ecológica.

De hecho, es un organismo dependiente de este último departamento el que notifica "las acciones que han de llevar a cabo las comunidades autónomas, cuáles son las obligaciones y cual ha de ser el importe de la sanción por no transmitir los derechos de emisión", que responde a una tarifa marcada que ronda los 100 euros por tonelada.

Así lo explicó el consejero cántabro del ramo, Guillermo Blanco, quien justificó que la sanción -correspondiente al periodo en el que Sniace no da cuenta de los derechos de emisión, durante 2019 y hasta el 30 de abril de 2020- se ha notificado cuando se ha completado el proceso administrativo para hacerlo, que ha coincidido en el tiempo con el intento de vender el complejo fabril.