ACPT ha denunciado que desde la Alcaldía del Ayuntamiento de Torrelavega se han adjudicado a tres empresas los servicios de conserjería del archivo municipal, el gimnasio de La Lechera, el Centro de Promoción e Innovación Tecnológica (CPIT) y el centro municipal de formación de Barreda, lo que para el partido supone "una privatización, decidida de forma unilateral, que afecta a varios puestos de trabajo".

Estos puestos, además, "están pendientes de cubrirse mediante un proceso de selección pública que se inició hace ya más de tres años y que aún sigue sin terminar de resolverse", ha señalado en un comunicado la formación, que cree que se ha cometido "una desfachatez y una injusticia para las 285 familias que han estado sufriendo un proceso de oposición de más de tres años, que ha sido poco menos que cruel". A su juicio, han pasado "años de excusas y mentiras para intentar justificar lo injustificable sobre un proceso de oposición que es evidente que nunca se ha querido que llegue a buen puerto", algo que ACPT cree que se debe a que "hay intereses en el equipo de Gobierno (PRC-PSOE que van más allá del libre acceso a un puesto de trabajo y la igualdad de oportunidades".

El partido ha denunciado que ese proceso selectivo, que comenzó por marzo de 2019, "parece que incomoda y dificulta uno de los principales objetivos que han tenido siempre los dos partidos que actualmente están el equipo de gobierno, que no es otro que utilizar el Ayuntamiento como agencia de colocación de militantes, simpatizantes y pega carteles agradecidos". "Tardaremos muy poco en empezar a ver, como ha ocurrido en otras ocasiones, a caras conocidas en el pueblo, que integran listas electorales, acuden a los actos a rellenar o se dejan ver por redes como fanáticos defensores. Ir consiguiendo diversos trabajos que deberían ser de libre acceso bien merece esa lamentable implicación", ha sentenciado. Y ha añadido que, mientras tanto, a pesar de que se ha creado una bolsa de empleo "se están entregando esos puestos en connivencia con algunas empresas cercanas, importando bien poco o nada la formación en protocolos o normas de quienes vayan a desempeñar esos cargos que", como ha destacado, implican el acceso a documentación confidencial.

Según ha indicado ACPT, las empresas adjudicatarias de esos servicios de consejería han sido Integra, Andanza Emplea o Ampros, todos "centros especiales de empleo". Para el grupo, este tipo de prácticas son "absolutamente inadmisibles", y aunque "cada vez se dificultan más, siguen ocurriendo con absoluta impunidad".