El pasado viernes, 14 de junio, el Gobierno de Cantabria liderado por la ‘popular’ María José Sáenz de Buruaga publicaba la modificación del Decreto 91/2018, con la que permitirá desde este lunes la apertura de pubs, whiskerías y locales asimilados desde mediodía. Una decisión que ha generado la primera polémica antes incluso de que pueda aplicarse. Y es que la Asociación de Vecinos de las plazas de Pombo-Cañadío y Ensanche ha lamentado la decisión del PP, que aseguran que se ha hecho sin tener en cuenta sus alegaciones y que va a aumentar los perjuicios para unos vecinos de Santander que vienen denunciando desde hace años los altos ruidos e incumplimientos de hosteleros que tienen que soportar durante la noche.

En un comunicado, la Asociación apunta que solicitaron al Gobierno de Cantabria que no se aprobara tal medida, y de hacerlo, que “el área conocida como Ensanche de Santander quedara exenta”, ya que está “demostrado y constatado que la zona sufre unos niveles de ruido que incumplen sobradamente los límites sonoros establecidos por la Ley del ruido 37/2003, sus Reglamentos de desarrollo, así como la propia Ordenanza de Control Ambiental del Ayuntamiento de Santander, con el impacto negativo que ello provoca en el vecindario”.

Sin embargo, de nada ha servido. El Gobierno del PP “ha tenido en cuenta única y exclusivamente la petición formulada por la Asociación Empresarial de Hostelería de Cantabria”, que argumentó, según la Asociación que pudieran “ejercer su actividad en este nuevo tramo horario, incrementándose así la oferta de ocio y disfrute, de forma similar a la ya existente en la mayoría de Comunidades Autónomas”.

Los vecinos no solo cuestionan que eso esté demostrado o acreditado, sino que se preguntan si “¿es acaso este ‘argumento’ más importante que la obligación del gobierno de velar por el cumplimiento de la Ley del Ruido?”.

Lo cierto es que la lucha de esta asociación vecinal contra el ruido que sufren durante las noches (y que ahora, estiman, se extenderá a las horas diurnas) no es algo reciente. De hecho, llevan desde 2016. Casi diez años en los que se ha acreditado, “a través de estudios del propio Ayuntamiento Santander, incumplimientos continuos y flagrantes de la legislación vigente en el horario nocturno”, a lo que se suman otros incumplimientos en aquellas horas de tarde en las que todavía hay sol.

Estos estudios, tal y como recogen, apuntan valores de 87,4 dB en la franja de día, muy superiores a los 65 dB que establece la legislación como máximo. Con estos datos, los vecinos prevén que “la ampliación de horario ahora aprobada posibilitará que el incumplimiento acústico acreditado empeore durante las mañanas, generando un enorme perjuicio a los residentes de la zona, al aumentar el número de horas de agresión acústica que actualmente ya están sufriendo”.

Desde la Asociación consideran que el Gobierno de Cantabria “ha perdido una oportunidad de escuchar y preservar los derechos de los vecinos de una de las zonas que va a ser más afectada con la modificación aprobada”. En este sentido, consideran que los horarios de estos establecimientos “ya son de por sí bastante amplios”, por lo que la decisión del PP de ampliarlos “solo puede redundar en el beneficio de unos pocos y en el perjuicio de la gran mayoría de los ciudadanos, que pasa a estar más desprotegida en su derecho a disfrutar del descanso y de un medio ambiente saludable”.

Asimismo, los vecinos de estas zonas de Santander recuerdan que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en base al artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, señaló que la contaminación acústica vulnera los derechos fundamentales al respeto a la salud, la integridad física, intimidad privada y familiar y a la inviolabilidad del domicilio.

A esto se suma que para la Organización Mundial de la Salud (OMS) el ruido es uno de los principales riesgos ambientales para la salud y el bienestar. “Las autoridades, por tanto, tienen la obligación de garantizar el disfrute pacífico del derecho al descanso, tomando medidas eficaces contra las invasiones acústicas. La permisividad o la pasividad de la administración frente a un nivel de ruido superior a los límites autorizados viola los derechos básicos de las personas”.

La asociación vecinal concluye que la modificación de este decreto por parte del Gobierno del PP “no va a solucionar ningún problema ni ninguna demanda social, sino que va a agravar la constatada contaminación acústica que ya afecta a la calidad de vida, a la cohesión social y al respeto a los derechos fundamentales de cada vecino”. Y recuerdan además que los artículos 43 y 45 de la Constitución española recogen el derecho del ciudadano a la salud y a un medio ambiente sano, así como la obligación de todas las autoridades competentes, nacionales, regionales y locales, a garantizarlo, “siendo si no, dejación de funciones e incumplimiento de nuestra Carta Magna”.