TRIBUNALES

La mayoría de los acusados por los disturbios del toque de queda en Santander aceptan hasta dos años de cárcel

Captura de vídeo difundido por redes sociales de los disturbios en Santander
Captura de vídeo difundido por redes sociales de los disturbios en Santander

La mayoría de los once jóvenes acusados por los graves disturbios en Santander contra el toque de queda acordado por el Gobierno de Cantabria por la pandemia del coronavirus en noviembre de 2020se han conformado con penas de entre diez meses y dos años de cárcel.

Esta semana se ha celebrado en el Juzgado de lo Penal 3 de la ciudad la vista en la que las defensas de ocho de los procesados han alcanzado un pacto con la fiscal y la acusación particular, en tanto que los letrados de otros dos no se adhirieron a sus peticiones y el undécimo procesado no compareció a la vista, han informado a Europa Press fuentes personadas en la causa.

Inicialmente, la Fiscalía solicitaba hasta siete años y cuatro meses de cárcel, en concreto al considerado líder de los altercados, al que también reclamaba más de 3.000 euros en indemnizaciones a los perjudicados por daños y desperfectos causados. El presunto cabecilla convocó junto a otras personas a la gente en el Ayuntamiento a través de un vídeo en Instagram en el que aparecía embozado, empuñando una catana y un cuchillo de grandes dimensiones.

Los diez procesados restantes se enfrentaban a entre tres y cinco años de cárcel e indemnizaciones de hasta 14.310 euros -uno de ellos, por las lesiones y secuelas a un agente de la Policía Local- según figuraba en el escrito provisional del ministerio público. Modificó sus conclusiones iniciales tras la reforma del Código Penal que suprimió el delito de sedición y creó uno nuevo de desórdenes públicos agravados, marco que obligó a revisar casos en curso, entre ellos la sentencia del 'procés'.

Los hechos fueron calificados en un principio como un delito de desórdenes públicos (incitación) y dos de desordenes públicos agravados, tres de daños con incendio (en las calles Arrabal, Enseñanza y Andrés del Río), un delito de atentado y seis de atentado agravado, un delito de resistencia grave a agentes de la autoridad en concurso con uno leve de lesiones y dos de resistencia grave a agentes de la autoridad en concurso con otros tantos de lesiones (a agentes de las policías Local y Nacional).

Con el cambio normativo y las modificaciones de delitos y la rebaja de penas que conllevan, la mayoría de las defensas de los procesados han llegado a un acuerdo con la Fiscalía y la acusación particular en base al cual ocho de los once implicados han aceptado penas de hasta dos años de prisión.

DISTURBIOS LAS NOCHES DEL 30 Y 31 DE OCTUBRE DE 2020

Los disturbios que tuvieron lugar las noches del 30 y 31 de octubre de 2020 en el centro de la capital cántabra contra el toque de queda acordado por las autoridades sanitarias por la pandemia de coronavirus, y se produjeron después de que un individuo, que estuvo en prisión provisional, difundiera un vídeo en redes sociales, embozado, empuñando una catana y un cuchillo de grandes dimensiones" y manifestaba: "Sacaremos las armas contra los cerdos bastardos de la élite, revolución o muerte". Según señala el juez, "la finalidad de esta llamada era atentar contra la paz pública, realizando destrozos y enfrentándose a la Policía, todo ello, en protesta por las medidas sanitarias que el Gobierno regional había acordado" por la pandemia del coronavirus.

Como consecuencia de esa llamada, unas 120 personas se concentraron en la Plaza del Ayuntamiento de Santander "desarrollando comportamientos tales como quema de contenedores y destrucción de papeleras y material urbano, lanzamiento de piedras y botellas contra los vehículos policiales, agresiones a los agentes y otras conductas consistentes en ejecutar actos de violencia sobre personas y cosas, siempre con la intención de alterar gravemente la paz pública". Esa noche, los daños en mobiliario urbano ascendieron a 10.793 euros.

Una noche después, se volvieron a convocar concentraciones en la ciudad "con menor afectación a la seguridad ciudadana gracias al dispositivo policial", si bien "se produjeron quema de contenedores y otros daños a propiedad privada y mobiliario urbano, actuando en todo momento los autores de los mismos con la finalidad de alterar la paz pública".