En 2013 el Gobierno de Cantabria adjudicó a Smart Hospital, sociedad en la que participaba Ferrovial, una batería de servicios no sanitarios del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla como parte del contrato para que esta última empresa se encargara de las obras de ampliación y mejora del centro sanitario de referencia en Cantabria tras el derrumbe de una parte de la fachada, lo que dejó varios heridos. Aquel contrato fue adjudicado por el gerente de Valdecilla, César Pascual, actual consejero de Salud con el Gobierno del PP dirigido por María José Sáenz de Buruaga, que en aquel año era consejera de Sanidad. Y aquel contrato, según ha podido saber eldiariocantabria.es, se ha estado incumpliendo durante 10 años.

Tal y como ha explicado el sindicato SAE de técnicos de Enfermería, entre dichos servicios no sanitarios se encontraba el transporte interno de muestras. Un servicio propio de “puestos de recado” que tradicionalmente hacían estos técnicos conocidos como TECAE, y que a partir de 2013 tendría que haber asumido Ferrovial. Sin embargo, “Ferrovial no lo asumió”, como explica la representante de SAE en Cantabria, Esther Fernández, por lo que los técnicos seguían realizando una labor que no les correspondía.

Ha tenido que ser una sentencia judicial la que, ahora, obligue a la empresa a asumir esta responsabilidad. Más de diez años después, Ferrovial ha empezado a prestar el servicio. Ha sido entre marzo y abril de este 2024, pero no todo ha sido un camino de rosas. El inicio de estos traslados estuvo marcado por los problemas, pues según el sindicato, “solo querían realizar los traslados entre semana y por la mañana”. Y en un hospital que tiene actividad todo el día y toda la semana, este servicio debe prestarse 24/7, algo que, al parecer, ya se está empezando a realizar, reubicando a los técnicos de Enfermería en otras funciones.

No hay que olvidar que el megacontrato que el PP firmó con Ferrovial para gestionar estos servicios no sanitarios de Valdecilla contemplaba la concesión de un total de 12 servicios que van desde el mantenimiento de instalaciones y equipos de electromedicina, hasta la logística, la limpieza integral o la restauración. Una concesión que Pascual firmó hasta 2034 y que, según algunas fuentes, supondría ingresos de 759 millones de euros para la empresa que ahora ha sido obligada por la justicia a cumplir con uno de esos servicios.

El modo en que Ferrovial logró este contrato no estuvo exento de polémica. Más bien al contrario. Partidos políticos, trabajadores públicos y sindicatos acusaron al PP de “privatización encubierta” y “pelotazo” al hacer negocio con la salud de los cántabros después de un proceso de licitación en el que se habían presentado inicialmente siete empresas pero en el que se fueron retirando “cuando veían los requerimientos que les hacíamos”, como declaró el entonces gerente del Hospital cántabro. Dicho de otro modo, solo terminó presentándose una empresa: Ferrovial-SIEC.

Unos años después, en 2021, Ferrovial vendió al fondo financiero Portobello su área de conservación y mantenimiento de infraestructuras, en la que se incluía el Smart Hospital. O más bien, reducía su parte y creaba, junto a este fondo, una nueva sociedad, Serveo, que es la que en a finales de 2022 ostentaba el 85% de Smart Hospital Cantabria.

La relación de Pascual de Ferrovial no quedó aquí. El PP salió del Gobierno de Cantabria en 2015, pero el actual consejero de Salud continuó su carrera política en Madrid, donde entró a formar parte del equipo de la Consejería de Sanidad de la Comunidad que entonces gobernaba Cristina Cifuentes. En 2018 su nombre se vinculaba a una investigación judicial por presunta prevaricación de la Consejería al favorecer a Ferrovial. Según se publicó entonces, el actual consejero habría ejercido presiones a los dueños de la empresa de ambulancias Alerta S.A. para que renunciaran a la adjudicación que habían obtenido en primera instancia para gestionar las ambulancias del SUMMA, contrato que finalmente fue a parar a manos de una filial de Ferrovial, cuya oferta era “inferior”. El viceconsejero de Sanidad de Madrid en aquel año, Manuel Molina, reconoció dichas presiones “por el bien de los ciudadanos”.

Lo llamativo es que prácticamente en la misma fecha en la que tuvo que declarar ante el juez, su hijo, también llamado César Pascual, entraba a trabajar en Ferrovial como jefe de producción en un proyecto industrial en Málaga, que según su currículo público, duró hasta 2020, pasando a continuación a diferentes puestos dentro de Ferrovial.