El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Castro Urdiales ha condenado al Ayuntamiento a abonar 5.031,58 euros a un taller mecánico del municipio por la reparación de un coche de la Policía Local pendiente de abonar.

Según recoge la sentencia, difundida por la sección sindical de la Asociación de Policía Local y Bomberos de Cantabria (APLB) en Castro Urdiales, el jefe de la Policía Local llevó un vehículo patrulla a ese taller para reparar unas deficiencias por las que no había pasado la Inspección Técnica de Vehículos (ITV).

Sin embargo, y aunque después sí pasó la ITV, consideró que las reparaciones llevadas a cabo no eran necesarias y se marchó del taller, al que no se abonó la factura ni las piezas.

El jefe de Policía manifestó en su declaración que los responsables del negocio le dijeron que no podían reparar el vehículo y que lo llevó a un segundo taller, siendo este último el que lo presentó a la ITV, aunque finalmente reconoció que la inspección se pasó cuando el coche estaba en el primero.

Así, la magistrada, que condena al Ayuntamiento a abonar la factura de 5.031 euros del primer taller más los intereses legales y las costas judiciales, considera que la versión del jefe de Policía "no es coherente ni verosímil".

A su juicio, es "contradictoria", primero en cuanto al momento en el que se pasó la ITV y segundo porque "ante varias contradicciones, acaba por afirmar que no recuerda como fue".

"No es muy creíble que ante una insatisfacción en un taller, no se interpone queja ni reclamación alguna y simplemente se huya con el vehículo en cuestión, más aún sin haber firmado ningún documento ni de fin de depósito del mismo, como exige la normativa aplicable", argumenta.

En un comunicado, APLB ha denunciado que es la tercera vez que las arcas municipales asumen condenas judiciales derivadas de la actuación del jefe de la Policía.

Según ha señalado, las dos anteriores fueron por demandas por acoso laboral interpuestas por un agente y un oficial de la plantilla, para los que la Justicia obligó al Consistorio a pagar indemnizaciones de 6.000 y 7.000 euros, respectivamente.