La Junta de Portavoces ha decidido por unanimidad, en su reunión de hoy, recurrir la sentencia del Juzgado de Primera Instancia nº 3 de Torrelavega que condena al Ayuntamiento a desalojar el complejo deportivo Oscar Freire y la casita Padre Coll antes del 10 de julio, así como solicitar la suspensión del alzamiento.

Además, en la Comisión de Obras que se celebrará el próximo martes se procederá a rechazar el recurso presentado por Sniace al expediente expropiatorio de dichos inmuebles iniciado por el Ayuntamiento, según han informado el alcalde, José Manuel Cruz Viadero; y el primer teniente de alcalde, Javier López Estrada.

La decisión de recurrir la sentencia, que declara resuelto el contrato con Sniace, se ha aprobado "por unanimidad de los presentes" (faltaba el portavoz de Torrelavega Puede). En opinión del alcalde, es la "mejor" decisión y se ha tomado tras "escuchar" a los técnicos municipales y "pensando en el interés de Torrelavega y de los usuarios de las instalaciones".

Por su parte, López Estrada ha indicado que, de forma paralela, el Ayuntamiento va a continuar con el expediente de expropiación de dichas instalaciones ya iniciado. El calendario "es claro", ha dicho. La Comisión Informativa de Obras que se va a convocar para el próximo martes rechazará el recurso de reposición presentado por Sniace a dicho expediente.

Se finalizará y se aprobará la hoja de aprecio (valoración municipal de dichas instalaciones), la misma se remitirá a Sniace que podrá aceptar o rechazar la valoración y, en caso de que la rechace, el expediente se remitirá al Tribunal Provincial de Expropiación que deberá determinar "cual es el precio justo".

En el momento en que dictamine, el Ayuntamiento estará en disposición de firmar el acta de ocupación previo pago de la cifra que haya resuelto el Tribunal. A partir de ahí, Sniace podrá interponer recurso solicitando mayor cuantía económica, pero "ya los terrenos serán propiedad municipal", con la "obligatoriedad" de que, si algún tribunal dicta que el precio es superior al que dijo el Tribunal de Expropiación, el Ayuntamiento deberá pagar la diferencia.