POLÍTICA
ACpT exige un plan de vivienda social acorde a las necesidades de las familias
ACpT ha exigido a la consejera de Empleo y Políticas Sociales del gobierno de Cantabria, Ana Belén Álvarez, y al alcalde de Torrelavega, Javier López Estrada, que "de una vez por todas y de forma coordinada" se ponga en marcha un plan de vivienda pública de carácter social que "empiece a dar respuestas a las familias que más lo necesitan".
La formación considera que la adjudicación en régimen de alquiler social de las 36 viviendas de Ganzo adquiridas por el Ejecutivo a la Sociedad de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) ha sido un "absoluto fracaso" al haber recibido "únicamente 136 solicitudes", dato que para ACpT es "un claro ejemplo de que era una convocatoria completamente incapaz de dar respuesta a las familias que en Torrelavega están reclamando vivienda social".
El grupo subraya en un comunicado que en la actualidad son "más de 52" las familias pendientes de un desahucio en Torrelavega, que debido a sus situación económica "no pueden acceder al mercado libre de alquiler de vivienda" por no cumplir con los requisitos que se exigen: contrato laboral, aval bancario, seguro, etcétera, que también "son un problema para el resto de las cerca de 1.500 familias en riesgo de exclusión social del municipio".
A juicio de ACpT, la política llevada a cabo en los últimos años en materia de vivienda por parte del Gobierno de Cantabria ha sido "completamente insuficiente", habiéndose realizado dos únicas promociones, en Campuzano en 2020 y en Ganzo en 2021. "Torrelavega necesita viviendas de verdadero alquiler social, no como las promociones de Campuzano o Ganzo, sino con precios de alquiler que no superen le tercio de los ingresos familiares", ha sentenciado el partido, criticando que desde los años 80, cuando se construyó el polígono del Zapatón, "no ha habido ningún plan de vivienda capaz de satisfacer las necesidades de la población".
Por ello, ha vuelto a exigir al equipo de Gobierno municipal (PRC-PSOE) que realice una inversión de 500.000 euros anuales para la compra de vivienda de segunda mano que posibilite la creación de un parque de vivienda pública acorde a las necesidades. "Este equipo de Gobierno no está preocupado por el problema de vivienda en la ciudad, pues no lo tienen interiorizado ni se han visto en situaciones similares y eso imposibilita que se pongan manos a la obra en la búsqueda de soluciones", ha concluido.