El Parlamento aprueba por unanimidad que el Gobierno realice un estudio y un Plan Estratégico Marco de Dependencia hasta 2040

El Parlamento de Cantabria, por unanimidad, ha aprobado una moción de Vox para que el Gobierno regional realice un estudio de necesidades sobre la situación de la atención a la dependencia hasta 2040 y a presentar en la Cámara un borrador para un Plan Estratégico Marco de Dependencia 2025-2040.

Tanto el PP, grupo que sustenta al Gobierno en minoría de María José Sáenz de Buruaga, como el PRC y el PSOE han apoyado la iniciativa de Vox que, en el caso del plan estratégico, establece que sea presentado para su análisis, estudio, debate y aprobación por parte de los grupos parlamentarios antes de finalizar este año.

ESTRATEGIA DE CONSENSO

Desde Vox, el diputado Armando Blanco ha defendido esta moción para "estudiar las necesidades de las próximas décadas" y después impulsar una estrategia de "consenso" y que "perviva más allá" de cambios políticos en el Gobierno regional.

El objetivo último de esta iniciativa es atender a quienes nacieron en la época del 'baby boom' y muchos de los cuales empiezan ya a jubilarse. "Un problema lento pero inexorable", ha indicado el parlamentario de Vox, que ha detallado que ahora el 4% de la población cántabra tiene algún grado de dependencia con necesidad de atención (21.575 personas) pero las estimaciones para 2040 apuntan a 32.000 personas, a lo que habrá que sumar que el 31% de los cántabros tendrá más de 65 años. "Un incremento del 50% sobre las cifras actuales ante lo que hay que adoptar medidas consensuadas", ha pedido.

PP

Desde el PP, el diputado Alejandro Liz ha cuestionado que Vox haya presentado esta iniciativa después de las explicaciones de la consejera de Inclusión Social, Begoña Gómez del Río, que el pasado lunes ya anunció de que se estaba preparando un plan con horizonte 2030 tras un estudio de la Universidad de Cantabria (UC).

Liz ha recordado que la titular de Inclusión, de la que dependen las políticas de atención a la dependencia, detalló las fases de ese plan, con una primera ya realizada que es ese estudio de la UC que supone una "foto fija de qué necesidades y qué recursos tenemos" y en base al cual se realizará la planificación estratégica "sin horizonte temporal porque tiene vocación de permanencia". "Ustedes hablan del año 2040, pues perfectamente se ajusta a lo que está haciendo el Gobierno", ha replicado el 'popular'.

NO ERA NECESARIA

Por ello, ha considerado que no era necesaria la moción para pedir al Gobierno lo que "está desarrollando ya", aunque ha indicado que puede que los "tiempos" requeridos en la moción varíen. Así, ha reiterado que "está todo listo para licitarse esos pliegos y para adjudicar la consultoría de asesoramiento y apoyo técnico para el diseño y elaboración del segundo Plan para la Inclusión Social en Cantabria".

Una vez adjudicado, ha avanzado que la empresa dispondrá de un año para completar las tres fases: una primera de diagnóstico, una segunda para presentar un borrador inicial (seis meses) y la tercera para trasladar el documento final (tres meses). "En total, un año, doce meses las tres fases. Con lo cual, no es difícil deducir que los tiempos que ustedes pretenden son imposibles. A mí me hubiera gustado negociar con usted vía enmienda el tema de los plazos, pero desgraciadamente no ha sido posible", ha señalado Liz.

HORIZONTE DE 15 AÑOS

Desde el PRC, la diputada Rosa Díaz ha considerado necesario implementar ese plan de actuación con un horizonte de 15 años, algo que reclama el propio sector de la dependencia, ámbito en el que el Gobierno autonómico "no ha hecho ningún esfuerzo" en 2024.

La regionalistas también ha lamentado que Cantabria ha reducido plazas en el servicio de atención domiciliaria, concretamente 22

Al hilo, ha citado el 25 dictamen del Observatorio de la Dependencia, que apunta que "Cantabria es una de las regiones que no ha hecho ningún esfuerzo por recuperar las plazas de atención residencial y de centros de día que perdimos durante la pandemia" y que incluso "se han perdido plazas respecto a 2023, en concreto 403".

La regionalistas también ha lamentado que Cantabria ha reducido plazas en el servicio de atención domiciliaria, concretamente 22, aunque ha señalado que "también fue una de las ocho comunidades autónomas que ha recibido menos financiación del Estado pero precisamente por haber recortado su propio presupuesto".

MUY DESEABLES

Mientras que la parlamentaria del PSOE, Norák Cruz, ha considerado que ese estudio y el plan estratégico son "muy deseables" ante el horizonte demográfico de Cantabria, con una población que envejecerá en los próximos años y, por tanto, un "previsible aumento" de las necesidades de atención a la dependencia. En este sentido, ha destacado que Cantabria recibe del Estado el "32,56%" del gasto certificado en sus sistema de dependencia, cuyo último dato es de 169,4 millones de euros. "Cantabria ha prácticamente duplicado la cantidad recibida por el Gobierno central en cinco años", ha dicho.

Frente a ello, el diputado del PP, que ha intervenido con posterioridad a la socialista, ha asegurado que en 2024 "no ha llegado al 25% la financiación del Gobierno central" y ha recordado que, por ley, el Estado debe aportar el 50%. Al respecto, ha exigido al PSOE cántabro que reclame al Gobierno nacional que cumpla con la ley.

COMPLEMENTO DE ATENCIÓN CONTINUADA

Por otro lado, el PP, Vox y el diputado no adscrito Cristóbal Palacio han tumbado una moción del PRC, que contaba con una modificación del PSOE, sobre la extensión del complemento de atención continuada en situación de incapacidad temporal a todo el personal del Servicio Cántabro de Salud y a todas sus modalidades, y no solo a las guardias médicas, como recoge la enmienda 'popular' incluida a través de la Ley de Simplificación Administrativa.

La diputada regionalista Paula Fernández ha denunciado que se trata de "una política de personal discriminatoria", "un agravio comparativo y una injusticia flagrante", y se ha mostrado convencida de que este asunto va a acabar en los tribunales. "No puede haber personal que trabaje en el Sistema Sanitario Público de Salud de primera y de segunda", ha sostenido Fernández, que ha apuntado que esta situación "afecta directamente a los profesionales, pero también a la calidad del servicio público" que reciben los ciudadanos.

OTRAS COMUNIDADES

Ha apuntado que comunidades autónomas como Madrid, Castilla y León y Andalucía ya han implementado esta medida, en otras el asunto está "judicializado" y en otros, "gracias" a esa resolución de la Justicia, como en Galicia, lo han implementado también.

En la misma línea, el diputado socialista y exconsejero de Sanidad, Raúl Pesquera, ha defendido que este complemento se extienda al conjunto de los trabajadores que cobran los de atención continuada. "Creo que es de justicia social el que todos los trabajadores, cuando estén de IT no pierdan capacidad económica por el hecho de estar de IT", ha valorado Pesquera.

ENFRENTAR Y ROMPER

Sin embargo, el diputado 'popular' Miguel Ángel Vargas ve esta propuesta "completamente en negativo", dado que, a su juicio, tiene el objetivo "de enfrentar y de romper".

Asimismo, ha señalado que el anterior Ejecutivo autonómico (PRC-PSOE) no alcanzó "ni un solo acuerdo con los profesionales, ni médicos, ni enfermeras, ni con nadie". "¿Por qué se lo han estado negando durante ocho años que han estado en el Gobierno?", ha apostillado.

OPOSICIÓN DE VOX

Mientras que Vox ha rechazado la iniciativa, al decaer su enmienda de modificación en la que proponían realizar un informe para conocer a cuántos trabajadores puede afectar esta medida, así como "el impacto real" de la misma.

El diputado Armando Blanco también ha acusado a los regionalistas y socialistas de pretender "enfrentar a los distintos profesionales de la sanidad intentando rascar votos basados en la confrontación".