El pasado 23 de noviembre de 2017 tenía lugar la vista previa del proceso judicial que investiga las presuntas irregularidades cometidas en el XII Congreso Regional del PP de Cantabria, en el que la actual presidenta, María José Saénz de Buruaga, resultó elegida con apenas cuatro votos de diferencia sobre el que hasta ese momento había sido el líder del partido autonómico, Ignacio Diego. 

El día 7 marzo de 2017  se denunció en el Cuartel de la Guardia Civil de Laredo la presunta usurpación de personalidad de ‘Miguelín’ y un día después varios miembros del Comité Ejecutivo local del PP de la villa pejina comunicaron a los órganos competentes del partido en Cantabria, concretamente ante la comisión encargada de la organización del Congreso, el abono de cuotas de 491 militantes para poder participar en la votación a través de una única cuenta que, además, pertenecía a una persona con discapacidad mental y que era vecino de Laredo, solicitando que los militantes cuya cuota se regularizó de esa manera, no pudieran ejercer el derecho de votar en las primarias, que se celebraron el mismo día 8 de marzo del pasado año.

A principios de este mes de marzo varios medios nacionales se hacían eco de los documentos remitidos por la entidad bancaria al juzgado y publicados por Ok Diario, que confirmarían los pagos irregulares en la cuenta de un afiliado del PP de Laredo con discapacidad mental para influir en el XII Congreso Regional en el que Buruaga salió vencedora. Los autores de los ingresos serían cuatro personas próximas a la actual presidenta.

Diputados autonómicos y senadores del PP de Cantabria han pedido "explicaciones convincentes" a la Dirección regional 

Desde que se denunciaron estos hechos la situación interna del PP de Cantabria no ha hecho más que empeorar. Muchos de los que han denunciado los hechos públicamente han apoyado también al que fuera presidente del PP y del Gobierno de Cantabria, Ignacio Diego. La división ha llegado hasta el punto de crearse el movimiento Lealtad Popular, que ha dado paso a una asociación. Asimismo, ya se han empezado a registrar salidas del partido, como son los casos del exdiputado autonómico Carlos Bedia o  del exdirector de Cultura Joaquín Solanas, ambos expulsados por la dirección y este último recientemente afiliado a Ciudadanos.

Este viernes, ocho diputados autonómicos y tres senadores del PP de Cantabria han pedido "explicaciones convincentes" a la Dirección regional sobre la presunta instrumentalización de este discapacitado por miembros de la candidatura de la actual presidenta para pagar las cuotas de unos 500 afiliados para que pudieran votar en el XII Congreso del partido, un comportamiento "inmoral" que, a su juicio, de ser cierto, les "inhabilitaría" para ser cargos del partido.

El portavoz del PP en el Parlamento de Cantabria, Eduardo Van den Eynde; la diputada regional Ruth Beitia y el senador Javier Fernández han sido los encargados de leer un comunicado, en nombre del resto de firmantes, en el que demandaba esas explicaciones a raíz de las informaciones periodísticas publicadas en las últimas semanas sobre estos hechos.

Los otros firmantes son el expresidente del PP de Cantabria y actual diputado, Ignacio Diego, que perdió por cuatro votos frente a Sáenz de Buruaga el liderazgo del partido; los parlamentarios regionales Luis Carlos Albalá, Mercedes Toribio, Santiago Recio, José Manuel Igual y Cristina Mazas y las senadoras Esther Merino y Blanca Martínez.

En este sentido, la actual presidenta del PP cántabro comparecía horas después en una rueda de prensa  en la que ha afirmado que "no ve nada poco ético", y tampoco ilegal, en el comportamiento de su candidatura a dicho congreso y, respecto al pago de cuotas a través de la cuenta de un supuesto discapacitado, ha asegurado que es "rotundamente falso que se haya utilizado a nadie" pues esta persona "se ofreció voluntaria" y no tiene "ninguna limitación ni merma judicial" para obrar. "Una cosa es la discapacidad y otra la incapacidad", ha defendido Sáenz de Buruaga en la rueda de prensa ofrecida para contestar al comunicado.

En dicho texto, los diputados y senadores muestran una "enorme preocupación" por las informaciones periodísticas publicadas, que han sido reveladas fundamentalmente por OK Diario, que señalan que personas de la candidatura de Buruaga y allegados a la actual presidenta del partido habrían instrumentalizado a esta persona con discapacidad, abriéndole una cuenta corriente a su nombre en la que se ingresaron 9.000 euros, en diferentes pagos, para abonar las cuotas de estos 500 afiliados y permitir que estos afiliados pudieran participar en el Congreso celebrado el 25 de marzo de 2017.

Como pruebas, en estas informaciones se hablaba de comprobantes bancarios, aportados a la causa judicial que está abierta por supuestas irregularidades en el Congreso, sobre pagos de cuotas realizados, supuestamente, por la actual secretaria autonómica del partido, María José González Revuelta; la ahora presidenta del Comité Electoral de la formación y diputada regional, Isabel Urrutia, y el diputado y portavoz del PP de Cantabria, Íñigo Fernández, así como por el marido de Sáenz de Buruaga.

Según dichas pruebas, algunos de estos pagos se habrían realizado por internet a través de ordenadores de titularidad de personas de la candidatura de Sáenz de Buruaga y desde equipos del Parlamento regional así como de las sedes del PP de Cantabria y la nacional de Génova, algunos de ellos, según Van den Eynde, a "altas horas de la noche".

Por su parte, Sáenz de Buruaga ha encuadrado estas informaciones difundidas, a su juicio, en medios "sensacionalistas", en una "campaña de acoso político y personal brutal para descabezar al PP, para quebrarle y para intentar que se vaya", algo que, según ha avanzado, no va a hacer.

A todos los implicados en esta supuesta campaña de "difamación" y "persecución" que ha denunciado, Sáenz de Buruaga ha advertido que la Dirección que preside "no se va a plegar".

Y ha considerado "gravísimo" que senadores y diputados elegidos por el PP --a los que ha vinculado con la candidatura perdedora en el Congreso, la de Ignacio Diego-- hayan reiterado, a su juicio, "acusaciones y denuncias que saben que los tribunales han archivado". "Llevan meses y meses hablando de pucherazo y amaños y, sin embargo, nadie les ha dado la razón", ha aseverado Buruaga, para quien "no hay caso".

En este sentido, ha señalado que el último pronunciamiento se ha producido esta semana, cuando, según ha dicho, la Agencia Española de Protección de Datos ha resulto que "no hay ninguna irregularidad" en la utilización de los datos personales y el pago de las cuotas.