La Comisión Organizadora del Congreso Nacional del PP para elegir al sucesor de Mariano Rajoy ha desestimado la solicitud hecha por los afiliados de Laredo que denunciaron "irregularidades" por parte del partido en Cantabria a la hora de registrarse para participar en el cónclave, y ha rechazado la inscripción solicitada por los denunciantes.

Según la resolución de Génova, consultada por Europa Press y recurrida por los implicados –afines al expresidente de Cantabria, Ignacio Diego-, los cuatro militantes pejinos que aseguran que en Santander se "negaron a recoger" las hojas para apuntarse de una veintena de interesados en participar en el proceso como compromisarios "carecen de legitimación para solicitar la inscripción de otras personas".

"Son los propios interesados los únicos con legitimación para instar su propia inscripción y no otros afiliados en su nombre", resuelve la Comisión Organizadora del XIX Congreso Nacional Extraordinario, que también concluye que quienes rubrican la denuncia -entre ellos el exedil de Laredo, Ramón Arenas, que también solicitó judicialmente la nulidad del proceso congresual del PP cántabro- "no acreditan los hechos que exponen en su escrito".

Desde Génova explican que "son los propios interesados los únicos con legitimación para instar su propia inscripción y no otros afiliados en su nombre"

De acuerdo con la denuncia, consultada igualmente por esta agencia, el lunes 25 de junio, y antes de las 14 horas (cuando acababa el plazo de inscripción para participar en la elección del jefe de filas que sucederá a Mariano Rajoy), responsables de la sede regional de los conservadores se "negaron" a recoger las inscripciones de 24 afiliados, tratando de "impedir su libre participación" en el XIX Congreso.

En el escrito remitido a Génova, los firmantes de la denuncia aseguraron que en la sede de Joaquín Costa de Santander les habían informado de que los afiliados podrían presentar sus solicitudes en la de Laredo, que sin embargo "permanecía cerrada", sin que existiera "ningún horario de apertura y atención" a los afiliados ni les aclararan información al respecto por teléfono.

En consecuencia, los 24 afectados entregaron sus hojas de inscripción a compañeros de partido, que las llevaron "personalmente" a la sede del PP cántabro en la capital. Una vez allí, se llevaron la "sorpresa" de que "se negaron a recogerlas", porque -según les explicaron- cada militante debe entregar su hoja o, en su defecto, el presidente local.

Ante esto, Génova considera que "de ser ciertas" estas afirmaciones, los afectados deberían haber obtenido en la propia sede un documento acreditativo del supuesto rechazo de los documentos de inscripción, porque "en ausencia de esta prueba, resulta imposible" que la Comisión acuerde su inclusión en el censo de inscritos. Y es que ello, prosigue la resolución, podría servir como "forma de eludir la presentación en plazo de las solicitudes", sin que además pueda "comprobarse la veracidad" de las afirmaciones de los denunciantes.

Por lo demás, la comisión destaca que ha habido "máxima flexibilidad" para la inscripción de afiliados al Congreso, permitiéndose incluso la remisión telemática, de ahí que nieguen "privación" de la posibilidad de participar en el proceso, que ha sido "amplia en el tiempo y flexible".

Desde Madrid también consideran que los cuatro reclamantes tampoco acreditan "ningún tipo de poder de representación, careciendo absolutamente, por tanto, de legitimación activa" para presentar el escrito interpuesto o formular reclamación en nombre de la veintena de afiliados para los que solicitaban la inscripción.

Los denunciantes, si bien respetan el acuerdo dictado, creen que "no responde al fondo" de la denuncia remitida "ni aporta razones de peso que avalen" la decisión de rechazar la inscripción solicitada, por lo que han recurrido la resolución al comité organizador, para que se consideren "entregadas en tiempo y forma" las hojas de inscripción y candidaturas de compromisario, se les permita participar en el cónclave.