El director gerente del Servicio Cántabro de Salud (SCS), Julián Pérez Gil, ha asegurado este miércoles que “no hay actuaciones ilegales ni trato de favor” a terceros en la gestión del SCS y que “puede haber incidencias o errores administrativos, pero nunca una ilegalidad”. “En el contrato de colaboración público privada (CPP) de Valdecilla están las verdaderas ilegalidades, y no sólo errores administrativos”, ha espetado, en referencia al acuerdo suscrito por el anterior Gobierno autonómico, del PP. Pérez Gil ha asegurado que en la gestión del SCS bajo su mandato “no ha habido ningún perjuicio para la Administración, al contrario, ni beneficio para terceros, pues todas las actuaciones se han realizado con arreglo a la ley y a la norma”.

“No vean fantasmas, no sean suspicaces, la realidad es más sencilla”

Tanto Pérez Gil como el subdirector de Gestión Económica del SCS, Javier González, han defendido este miércoles en la Comisión de Sanidad del Parlamento –donde han comparecido a petición de Podemos– su gestión, frente a las irregularidades denunciadas por la jefa del Servicio de Contratación del SCS en un correo electrónico dirigido en febrero a la consejera de Sanidad, Luisa Real, y también por el PP, y sobre las que la Fiscalía ha abierto diligencias de investigación a raíz de la denuncia presentada por Izquierda Unida. Ambos han reiterado que las actuaciones y procedimientos que se denuncian son “habituales”, se realizan “de similar o igual manera” en todos los servicios autonómicos de salud, son “ajustados a Derecho” y se realizaron también en la anterior legislatura cuando gobernaba el PP. “No vean fantasmas, no sean suspicaces, la realidad es más sencilla”, ha afirmado el subdirector de Gestión Económica al cierre de su primera intervención. Ya en el segundo turno, en respuesta a preguntas de los grupos parlamentarios sobre la demanda que ha anunciado contra la jefa del Servicio de Contratación, Inmaculada Rodríguez, ha explicado que “se ha visto obligado”. “Personalmente a mí no me apetece, ni era mi primera intención, pero es que me ha manchado en toda España”, ha declarado. No obstante, ha explicado que el procedimiento de la demanda está sólo iniciado, ahora hay un acto de conciliación con la funcionaria y “veremos a ver qué dice”.

Por su parte, Pérez Gil ha dicho que confía “plenamente” en el subdirector y el equipo directivo del SCS, ha destacado que en las denuncias no se habla en ningún momento de “obras innecesarias o despilfarros”, y ha acusado al PP de “levantar dudas y sospechas sin fundamento” sobre la contratación para “enturbiar la excelente gestión” del SCS tras “años de parálisis y continuismo”. Así, ha dicho que nunca antes se había conseguido reducir tanto las listas de espera ni la satisfacción de los usuarios de la sanidad cántabra era tan alta. “Todo ha sido correctamente realizado, está sometido al control de la Intervención General y del Tribunal de Cuentas también, y ha permitido una modernización del SCS y de sus centros, así como una mejora en la asistencia prestada tanto cualitativa como cuantitativamente”, ha dicho el gerente, que ha advertido que todo este asunto “está deteriorando la imagen del SCS y dando una inseguridad al personal que será difícil de superar”. “En este momento profesionales, funcionarios y estatutarios honestos que han trabajado con eficacia y de forma impecable, se sienten inseguros y va a ser muy difícil encontrar personas dispuestas a ocupar puestos de este tipo”, ha afirmado Pérez Gil, que ha añadido que dos han quedado vacantes estos días en una convocatoria y ha pedido a los sindicatos de la mesa general que flexibilicen la postura a fin de que todas las plazas puedan cubrirse indistintamente con funcionarios o personal estatutario. El gerente ha hecho un detallado balance de los avances de la sanidad cántabra en la presente legislatura frente a la anterior, que en su opinión se reduce a la finalización de las obras de Valdecilla, “mal finalizadas y sin pagar”, con un contrato que supone una “hipoteca durante 20 años” y que según un estudio de la Universidad de Cantabria, tiene un coste de 102 millones de euros más que realizándolo con medios propios.

El subdirector asegura que las asistencias técnicas cuestionadas eran “necesarias y justificadas”

Entrando en las denuncias concretas, sobre el “desembarco de asesores externos”, el subdirector ha asegurado que las asistencias técnicas cuestionadas eran “necesarias y justificadas”, y que son contratos públicos y conocidos, recogidos en el portal de transparencia y en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC). También ha negado que asesores externos ocuparan el despacho de la jefa de servicio, que según ha destacado, ha contado desde que se reincorporó al SCS en octubre de 2016 “con un despacho propio, amplio, luminoso y soleado”. Asimismo, ha asegurado que no se ha pagado ninguna obra que no se haya realizado y sin los informes correspondientes, y no se ha adjudicado ningún contrato por encima del precio de mercado, mientras que en algunos casos, se han adjudicado por cuantías que “nos constan son de las más bajas a nivel nacional y en este momento son referencia nacional”. González ha cuestionado que el PP considere “sospechosos” seis contratos de asistencia técnica firmados con dos empresas durante dos años, que suman en total 84.000 euros, cuando en 2015 firmó un único contrato de asistencia técnica por cerca de 650.000 euros para realizar el control de calidad del CPP de Valdecilla. El gerente ha añadido que el SCS siempre ha tenido expertos contratados debido a la escasez de plantilla con la que cuenta y la complejidad de algunos ámbitos. Ha explicado que gracias a dos contratos menores que ahora se cuestionan, de 14.900 euros, se ejecutó el proyecto de los laboratorios, que permitió un ahorro de más de 11 millones de euros en tres concursos, además de conseguir un modelo de laboratorios en red para toda la comunidad “único en España”, mientras que el PP quería “privatizar e incluso cerrar dos de ellos”. Así, Pérez Gil ha dicho que en la anterior legislatura se firmaron contratos de expertos que “no tenían ninguna utilidad y no sirvieron para nada”.

Por otro lado, al gerente le “sorprende” que el PP hable de supuesto fraccionamiento de contratos cuando la obra de Farmacia de Laredo se adjudicó en 16 contratos menores por un total de 632.000 euros a la misma unión temporal de empresas vascas y las obras se recepcionan diez meses después de la fecha de las facturas. Asimismo, ha dicho que todas las obras menores se han realizado con tres presupuestos y se ha adjudicado al más económico, cosa que “no sucedía en la anterior legislatura, donde en la gerencia de Atención Primaria sólo 17 de las 83 obras realizadas estaban con tres presupuestos”.

Javier González y Julián Pérez Gil, durante su comparecencia

Como suele ser habitual en estos casos, la comparecencia de los altos cargos del SCS ha cubierto las expectativas del PRC y el PSOE, no así las de los grupos de la oposición, que han considerado insuficientes sus explicaciones dada la “gravedad” de los hechos denunciados, y algunos, en concreto Podemos, han anunciado nuevas iniciativas parlamentarias.

El presidente de la Comunidad de Madrid cesa a César Pascual

Por otro lado, el nuevo presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, ha cesado este martes, coincidiendo con la remodelación del Ejecutivo autonómico, a varios altos cargos de la Consejería de Sanidad, algunos de ellos imputados por un delito de prevaricación administrativa por la contratación del servicio de ambulancias de la Comunidad de Madrid, caso de César Pascual, exgerente del Hospital Valdecilla y actual miembro del Comité Ejecutivo del PP de Cantabria. En concreto, Pascual ha sido cesado como director general de Coordinación para la Asistencia Sanitaria, puesto que ha ocupado durante el Gobierno de Cristina Cifuentes, y será sustituido por Antonio Alemany. También ha sido cesado el viceconsejero de Sanidad, Manuel Molina, al que sustituirá Fernando Prados Roa. Éste deja así su cargo como viceconsejero de Humanización de la Asistencia Sanitaria, al que sustituye Diego Sanjuan Benito. Igualmente se ha cesado a Miriam Rabaneda como directora general de Planificación, Investigación y Formación así como el secretario general técnico Javier Fernández.

“Entiendo que en los segundos niveles de estructura puede ser positivo que haya una renovación”

Pascual, Molina y Fernández son los cargos investigados por el Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid por un presunto delito de prevaricación administrativa en el concurso sobre el transporte de ambulancias, tras la querella presentada por la empresa Ambulancias Alerta a este proceso de contratación. Pese a esto, Garrido ha defendido que hay cambios “en todas las consejerías” y que no existe razón concreta para los cambios en Sanidad. “Simplemente se piensa que es el mejor gobierno para trabajar por los madrileños. Entiendo que en los segundos niveles de estructura puede ser positivo que haya una renovación”, ha dicho, para a continuación incidir en que el año de trabajo que queda requiere “fuerzas renovadas”. El presidente de la Comunidad ha desligado los ceses del caso de las ambulancias. “Repito lo mismo, los cambios son cambios de un equipo de personas que pueden aportar mucho a una labor de Gobierno que tiene que ser muy intensa”, ha subrayado ante las preguntas de los medios de comunicación.

El exgerente del Hospital Valdecilla durante la pasada legislatura fue citado a declarar en abril en calidad de investigado por un presunto delito de prevaricación administrativa en la causa que investiga una posible adjudicación “irregular” a Ferrovial en el servicio de traslado urgente de pacientes a los hospitales públicos madrileños. Pascual, junto a otros altos cargos de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, está acusado de presionar a los dueños de la empresa de ambulancias Alerta S.A. para que renunciaran a la adjudicación que habían obtenido en primera instancia. Tras la baja voluntaria de esta compañía, que posteriormente emprendió acciones legales, el contrato para gestionar este servicio fue entregado a la segunda en el concurso, una filial del Grupo Ferrovial, por 76 millones de euros. La querella, que fue admitida a trámite en el mes de enero al observar el juez “indicios de delito”, se basa en unas grabaciones presentadas por los denunciantes en las que los altos cargos –entre los que se encontraba Pascual– intentaban convencer a los responsables de Alerta S.A. de que abandonaran el contrato de traslados de pacientes porque, según sostenían, no iban a poder prestar el servicio con la bajada económica que les había permitido ganar el concurso.

“Vino desde Madrid con el objetivo de importar el sistema de privatización de la sanidad madrileña”

Sobre el cese del exgerente de Valdecilla como alto cargo de la Comunidad de Madrid se ha hablado este miércoles en la Comisión de Sanidad del Parlamento de Cantabria, al hilo de las comparecencias de los altos cargos del Servicio Cántabro de Salud para dar explicaciones sobre las presuntas irregularidades en el área de contratación. El portavoz de Podemos, Alberto Bolado, ha señalado que César Pascual, secretario de Sanidad de la Ejecutiva del PP en Cantabria, “vino desde Madrid, traído por la entonces consejera de Sanidad” y actual presidenta del PP de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, en julio de 2011, “con el objetivo de importar el sistema de privatización de la sanidad madrileña”. Bolado dice que Podemos tiene “sospechas fundadas” de que Pascual haya podido favorecer también a Ferrovial en la adjudicación del contrato público privado de Valdecilla. Además, ha afirmado que el exgerente “claramente tiene intereses familiares en la empresa, ya que su hija trabaja en ella”. Bolado ha vuelto a criticar al Gobierno autonómico PRC/PSOE por no llevar este tema a la Fiscalía, y ha dicho que “si el PP de Cantabria tuviese la más mínima decencia, también cesaría a Pascual y le suspendería de militancia”.