UGT y CCOO celebrarán hoy en toda España el 7 de octubre, fecha de la Jornada Mundial por el Trabajo Decente convocada por la Confederación Sindical Internacional (CIS) con el lema 'El mundo necesita un aumento de sueldo. Stop a la precariedad laboral'.

Los dos sindicatos mayoritarios en España, miembros fundadores del CIS, reclamarán en esta jornada salarios dignos, una prestación básica de subsistencia que garantice los ingresos mínimos de los ciudadanos, además de un sistema público de pensiones fuerte y sostenible, motivo por el que desarrollan en la actualidad marchas de jubilados por toda la geografía nacional que confluirán en Madrid el 9 de octubre.

Según precisan en un comunicado UGT y CCOO de Cantabria, en España la principal denuncia de ambos sindicatos para esta jornada se centra en la creciente precariedad laboral "que es fuente segura de injusticia y desigualdad" y registra, según las estadísticas oficiales, máximos históricos en todos sus conceptos.

Así, destacan que sólo en Cantabria, en los ocho primeros meses del año, se han registrado 163.561 contratos de trabajo temporales, casi el 94% del total de la contratación y la mayor cifra contabilizada hasta ahora en las mismas fechas (nunca se habían superado los 150.000), que también implica "máximos históricos" de aquellos contratos de menor duración, de menos de una semana, 60.723 hasta agosto, el 37% de todos los eventuales.

Subrayan además que al cierre de 2016, Cantabria superó, por primera vez desde que existen estadísticas oficiales, una rotación contractual (media de contratos firmados por cada persona contratada) de tres contratos por cada contratado, 3,14 (234.670 contratos suscritos por 74.715 personas); y más de un 38% de los contratos fueron a jornada parcial (89.699 de un total de 234.670), el porcentaje más alto contabilizado hasta ahora en la región por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

RECUPERACIÓN ECONÓMICA CON POBREZA LABORAL

Los dos sindicatos rechazan este empleo precario y de escasa duración que se está creando y las consecuencias que el mismo tiene para los sistemas públicos de protección social y la propia calidad del Estado de Bienestar, tras criticar que "la recuperación económica que estamos conociendo en los últimos años ha sido aprovechada por el Gobierno español para difundir sus cifras de empleo, ocultando deliberadamente la naturaleza de este empleo, su escasa calidad y mínima remuneración".

Para UGT y CCOO, "si la salida de la crisis, en la que aún estamos, se hace con el actual patrón de crecimiento y una galopante precariedad del mercado de trabajo, estaremos sentando las bases para una profunda devaluación de los derechos sociales y laborales de las trabajadoras y de los trabajadores por mucho tiempo".

Según la Encuesta de Población Activa (EPA), un 25,5% de los asalariados cántabros (51.216 de un total de 149.528) tenía un contrato temporal al término de 2016, la tasa más alta desde 2008, cuando se inició la crisis económica que provocó inicialmente una pérdida masiva de empleos temporales y la reducción de la tasa de eventualidad, a la que luego se añadió la destrucción de empleos indefinidos, recuerdan.

SALARIOS CON UN 8% MENOS DE PODER ADQUISITIVO

A todo ello, UGT y CCOO añaden la necesidad de aumentar unos salarios que, según el último Índice de Precios del Trabajo del Instituto Nacional de Estadística (INE), perdieron en la región un 8,19% de su poder adquisitivo desde los años 2008 a 2015, cuatro décimas menos que en el conjunto del país, 8,56%.

De hecho, la evolución salarial en Cantabria en dicho periodo registró un repunte de apenas un 0,3%, muy lejos del 8,5% acumulado por el Índice de Precios al Consumo (IPC), y todo ello pese a que se incluyen ya las estadísticas de 2014 y 2015, los dos primeros años de recuperación económica y crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB), un 1,2 y un 2,6% más en la región respectivamente y un 1,4 y un 3,4% más en la economía española.

ILP POR UNA PRESTACIÓN DE INGRESOS MÍNIMOS

En referencia a la otra reivindicación de los dos sindicatos, una prestación de ingresos mínimos, UGT y CCOO recuerdan que en junio del año pasado registraron una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) avalada por más de 700.000 firmas para implantarla en España.

La ILP, que está en tramitación en el Congreso tras desestimarse el pasado 28 de febrero una enmienda a la totalidad del PP, plantea una prestación de 426 euros mensuales, ampliable según las cargas familiares, para personas en desempleo con dificultades para acceder a un puesto de trabajo y que no superen un umbral mínimo de ingresos.