El consejero de Educación, Sergio Silva (PP), ha dicho que entiende que los sindicatos que conforman la Junta de Personal Docente "no estén satisfechos" con los plazos ofrecidos por su departamento para negociar la adecuación salarial en 2025, pero ha insistido en que "no es un capricho".

"No responde a un capricho de la Consejería, ni a un mayor o menor talante del consejero del Gobierno, sino a una realidad, que es la del proyecto de presupuestos del 2025, que nos impide atender a todo al mismo tiempo", ha argumentado a preguntas de los medios sobre el estado de la negociación de la adecuación retributiva que está llevando a los docentes a protestas y encierros en los centros educativos.

CUENTAS DEL GOBIERNO

Un proyecto de presupuestos que, cabe recordar, diseña el propio Gobierno de Cantabria, es decir, el PP, que decide a qué se destinan los recursos. De hecho, fueron los ‘populares’ los que, acompañados de la ultraderecha de Vox y del diputado tránsfuga de Vox, Cristóbal Palacio, rechazaron en el Parlamento de Cantabria una iniciativa que pedía incluir en los Presupuestos de 2025 dicha adecuación salarial.

Silva ha explicado que la postura de Educación se mantiene en la propuesta que trasladó a la Junta de Personal en noviembre, que consistía en emplazarles a negociar ya el próximo año para incluir lo acordado en los presupuestos de 2026, aunque fuese con carácter retroactivo a 1 de enero de 2025. También ha ofrecido "llegar a un acuerdo de legislatura, incluso más allá de la legislatura, para que todos podamos estar relativamente seguros", pero los docentes insisten en que la adecuación se recoja ya en las cuentas.

El consejero, que se ha pronunciado así tras presidir este martes por la mañana la reunión del pleno del Observatorio de Convivencia Escolar, ha subrayado su "buena fe negociadora" y ha asegurado que la Consejería ha mantenido "siempre abierto un diálogo responsable", pero ha reiterado que los propios acuerdos ya alcanzados con los docentes en 2024 en otras materias "impiden avanzar" hacia lo que pide la Junta, esa subida de 325 euros de forma progresiva hasta 2027.