El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha afirmado este jueves que las recomendaciones propuestas por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF) le parecen un "disparate" y ha asegurado que no se va a adoptar ninguna de ellas.

Así lo ha señalado al ser preguntado por las medidas que plantea el informe de la AIREF, dado a conocer el pasado miércoles por el consejero de Economía, Juan José Sota, que recomienda fusionar empresas públicas, subir tarifas y precios públicos, o privatizar servicios turísticos.

"Es un disparate", ha subrayado Revilla, quien ha añadido que "claro que los servicios públicos cuestan dinero, por eso son servicios públicos", y desde el Gobierno se asumen una parte de los costes para que no repercutan en el ciudadano.

"Nos dicen que subamos las tasas, pues es que es una manera de meter más impuestos todavía a los ciudadanos", ha señalado el presidente, quien ha añadido que, aunque servicios como mantener abiertas las cuevas "tengan un coste", hay que hacerlo porque supone también "un beneficio" por la cantidad de personas que vienen a la región y se quedan a dormir, consumen, etcétera.

También ha puesto como ejemplo la estación de esquí de Alto Campoo, que también tiene un "coste", pero que es "un dinamizador" de la comarca campurriana y a la que han acudido a esquiar este año 110.000 personas.

"Así podemos hablar de cantidad de servicios que estamos prestando para beneficio de los ciudadanos y que hay empresas que son deficitarias y otras que son rentables", ha resumido Revilla, quien también se ha referido a otros servicios públicos que pueden ser deficitarios pero que hay que mantener, como líneas de autobús, maestros o consultorios médicos que prestan servicios en pueblos.

También ha rechazado la recomendación de realizar privatizaciones, "de ninguna manera, no estoy en absoluto de acuerdo", ha dicho Revilla, que ha precisa que, además, el de la AIREF es un informe que "ni siquiera lo ha hecho un organismo externo" y que "hacen análisis como si estuviéramos hablando de una empresa privada".

"No, esto no es una empresa privada. Hay unos servicios públicos que no son rentables pero que hay que mantener. Los ciudadanos tienen derecho a esos servicios", ha reiterado.

"Esto no es el Banco Santander ni el BBVA. No se puede guiar por beneficios ni por coste sino por atención a los ciudadanos, eso es lo que tiene la entidad de lo público, que hay cosas públicas que son deficitarias, que deben ser deficitarias y que las hacemos porque sino no las haría una empresa privada", ha concluido.

La vicepresidenta de Cantabria, Eva Díaz Tezanos, ha asegurado este jueves que el Gobierno PRC-PSOE "no se plantea en absoluto subir tasas ni va privatizar ningún servicio", como propone la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, AIREF, en un informe sobre el sector público empresarial y fundacional de la región encargado por el propio Gobierno el pasado verano.

Díaz Tezanos ha argumentado que si ese informe "se hiciera hoy en día, probablemente las conclusiones serían otras", ya que la situación que recoge de algunas empresas públicas "no se corresponde con la situación actual".

"Los informes son para analizarlos, pero no siempre se ajustan a la realidad, hay que tomarlos con toda la precaución", ha afirmado la vicepresidenta, quien ha defendido que el Gobierno PRC-PSOE ha gestionado el sector público empresarial "con otros criterios diferentes" a los del PP en la anterior legislatura.

La también consejera de Medio Ambiente ha puesto como ejemplo la empresa pública MARE, adscrita a su departamento, de la que ha destacado que su previsión en el verano de 2015 era cerrar el ejercicio con cinco millones de pérdidas.

Ha añadido que tras su reorganización, MARE cerró 2016 con más de nueve millones de beneficio, de los que más de tres millones ha dicho que son "producto de la buena gestión", y ha cerrado 2017 con un saldo positivo de 7,5 millones.

El informe de la AIREF plantea algunas "fusiones" de empresas y propone, para incrementar ingresos y mejorar resultados, hasta en casi 45 millones, subir las tarifas de algunas instalaciones de Cantur, como Cabárceno o Alto Campoo, y externalizar algunos de sus servicios, así como elevar un 17% lo que MARE cobra a los ayuntamientos por recogida de basura o cerrar las cuevas en temporada baja.