El Año Jubilar Lebaniego, que arrancó en abril de 2017, ha concluido este domingo, 22 de abril, con el cierre de la Puerta del Perdón del monasterio de Santo Toribio, que no se volverá a abrir hasta el año 2023, cuando se celebre una nueva edición de esta festividad religiosa.

Los actos desarrollados hoy en el monasterio han puesto fin a un año que a priori se antojaba repleto de grandes hitos que situarían a Cantabria a nivel internacional, pero que finalmente ha estado marcado por las polémicas y los ridículos. El más conocido de ellos fue el concierto de Enrique Iglesias, una actuación en playback que terminó con más de 20.000 personas gritando ‘Manos arriba, esto es un atraco’.

Las acusaciones de opacidad han sido la tónica que ha marcado el funcionamiento del evento y de la Sociedad Año Jubilar, que depende de la Consejería de Martín. Precisamente el titular de Innovación, Industria, Turismo y Comercio ha sido acusado en varias ocasiones de “falta de transparencia” y “ocultación” en la gestión del Año Jubilar por parte de todos los partidos de la oposición, pues muchos de los contratos suscritos por la sociedad pública contienen cláusulas de confidencialidad que impiden conocer la cantidad de dinero público que se ha destinado a este evento.

Ante tales acusaciones, la respuesta del consejero, en líneas generales, ha sido que “a nadie” le debe “importar” conocer las “cifras concretas” del Año Jubilar Lebaniego. Sin embargo, algunas de las que se han podido conocer sí dan cuenta de unas decisiones que, cuanto menos, resultan cuestionables, al menos para la oposición.

Ante la acusaciones, Martín respondió que “a nadie” le debe “importar” conocer las “cifras concretas” del Año Jubilar Lebaniego

Una de ellas ha sido el pago de 115.000 euros (95.000 euros más IVA) a la empresa Market Insider por ocho menciones a la ciudad de Santander en los perfiles sociales del artista para promocionar el concierto que tuvo lugar el 15 de julio en el estadio de El Sardinero. Unas publicaciones que, según el acuerdo, debían publicarse entre el 16 y 19 de julio, es decir, en los días posteriores al concierto. Además, el contrato solo recogía la obligación de que Iglesias mencionase a la ciudad de Santander, y efectivamente el cantante español no hizo ni una sola mención al Año Jubilar Lebaniego.

Tampoco se puede olvidar que cinco días antes de la apertura de la Puerta del Perdón, el entonces director de la Sociedad Regional del Año Jubilar Lebaniego, Israel Marcos Álvarez, renunció al cargo por razones personales, siendo nombrado en su lugar en tiempo récord Manuel Bahillo, empresario “vinculado a la gestión y la difusión cultural y artística” que fue acusado de plagio en 2014.

Todos estos asuntos fueron tratados varias veces en el Pleno del Parlamento regional, y ante las críticas de la oposición el Gobierno de Cantabria (PRC-PSOE) decidió sacar a licitación por 335.000 euros más IVA el “contrato de servicios para la contratación de artista y otros servicios complementarios para los actos de clausura del Año Jubilar Lebaniego”.

Lo que no imaginaba Francisco Martín es que esta iba a ser la ‘guinda’ del Año Jubilar, después de que el Obispado de Santander denegase conceder permiso a la compañía La Fura dels Baus para representar el espectáculo Carmina Burana en el aparcamiento del Monasterio de Santo Toribio de Liébana con motivo de la clausura del Año Jubilar Lebaniego.

El obispo alegó que la obra es “contraria a los principios de la Iglesia” y señaló que el único contacto que el Gobierno había tenido con el Obispado fue un correo solicitando el nombre de la persona a la que había que pedir permiso para celebrar el acto.

Por su parte, Martín aseguraba que esta falta de previsión por parte de la Consejería no va a suponer “costes adicionales” para el Gobierno. El caso es que dichos costes sí existirán casi con toda probabilidad, aunque desde el Gobierno se espera que sea la empresa la que los asuma.

Este será el “broche de oro” al Año Jubilar que se celebrará en el recinto de La Serna de Potes los días 11 y 12 de mayo, prácticamente 20 días después de haber concluido el evento religioso.