El empresario cántabro Santiago Díaz, propietario del grupo empresarial Sadisa, en el que se encuentra, entre otras empresas, Ascan, ha sido procesado junto a otras seis personas, entre ellas sus hijos Santiago y David, por ser considerados cooperadores necesarios de un delito contra la Hacienda Pública cometido por el promotor inmobiliario Antonio Benassar. Así lo ha determinado el juez encargado de la instrucción del caso ‘El Cuco de Piélagos’, que ha dado traslado al Ministerio Fiscal y al Abogado del Estado para que soliciten la apertura de juicio oral o el sobreseimiento de la causa, con un plazo de diez días.

En total, y según publica El Diario Montañés, la presunta trama habría defraudado más de 800.000 euros. El caso se remonta a agosto de 2013, cuando los implicados se reunieron para “eludir el pago del IVA a la Agencia Tributaria”, diseñando para ello diversas “operaciones ficticias”. La investigación judicial se inició precisamente con una denuncia presentada por Hacienda ante la Fiscalía de Cantabria, en la que acusaba a Benassar y Díaz de eludir el pago de impuestos por un valor concreto de 869.992 euros.

Para el juez queda claro que la sociedad ‘El Cuco de Piélagos’, de la que era propietario el empresario cántabro, tenía un patrimonio sano y otro tóxico, este último formado por 31 chalés en Boo de Guarnizo. La investigación judicial considera, según el citado medio, que el modo de deshacerse de dicho patrimonio tóxico fue reducir el capital de la sociedad y transmitir las fincas saneadas a otras empresas como Ascan o Sadisa.

Para pagar el IVA de esta transmisión de bienes, que ascendía a 1,7 millones de euros, los implicados en la supuesta trama acordaron que Díaz entregaba en pagarés 800.000 euros a Benassar, mientras que el resto se daba en obras que jamás llegaron a realizarse. Asimismo, y cuando Benassar tuvo que presentar la declaración de este impuesto por la actividad de ‘El Cuco de Piélagos’, de la que ahora era propietario, lo eludió compensándolo, según detalla el juez, con una serie de facturas falsas que procedían de “operaciones de compra ficticias a través de entidades por él controladas”.

El magistrado considera que todas las operaciones realizadas son “ficticias”, simulándose con el único objetivo de “beneficiar a las empresas” de la familia de Santiago Díaz, y sostiene que aunque Benassar es el autor del delito y el empresario cántabro el cooperador, la realidad es que “Benassar es el auténtico instrumento delictivo de Díaz, el que da sentido a toda la operación”. Según este medio, Santiago Díaz ya ha recurrido el auto a la Audiencia Provincial.