Una sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 1 de Cantabria ha condenado al Ayuntamiento de Santander a anular dos resoluciones municipales: una sobre el calendario y horario de los funcionarios y otra específica del calendario de los empleados del Zoo de la Magdalena, porque carecen de “base negociada”. El fallo judicial estima así una demanda del sindicato UGT, que recurrió en su momento las dos resoluciones municipales, con recursos de reposición que fueron denegados por el propio Consistorio, con el argumento de que en ninguna de ellas hubo “una negociación colectiva material”. UGT aducía que se adoptaron “sin una negociación efectiva y real” con los sindicatos.

“Sencillamente, el Ayuntamiento de Santander no conoce la postura sindical”, argumenta el fallo judicial

La sentencia, rubricada por la magistrada-juez Ana María Vega, dice que el hecho de que la reunión se convocara con cinco días de antelación, de los que dos corresponden al fin de semana, apunta a una “premura que se manifiesta en el acta donde, al tratar el punto del orden del día, ya se hace constar la falta de profundización en el tema y que sólo se tienen informaciones sobre el contenido de la propuesta, siendo necesario consultar a los trabajadores afectados”. “El orden del día se ha tratado pero de ahí no puede deducirse sin más que haya una base negociada para tomar una decisión”, argumenta el fallo judicial, que subraya que “sencillamente, la Administración (Ayuntamiento de Santander) no conoce la postura sindical” y “se pedía y se pide tiempo para fijar una postura y eso es lo que se ha denegado”.

En un comunicado, la sección sindical de UGT en el Ayuntamiento de Santander ha valorado la sentencia, que en su opinión, “confirma la fraudulenta dinámica negociadora seguida por el Ayuntamiento de Santander, a través del concejal de Personal y Seguridad, Pedro Nalda”. “Convocar una mesa de negociación para tratar asuntos, que exigen esa negociación previa según el Estatuto Básico del Empleado Públicos, sin dar el margen de tiempo necesario para que los representantes legales de los trabajadores puedan analizarla, consultarla a los afectados y recabar información para hacer una propuesta propia, no deja de ser una negociación irreal que se aleja del principio de buena fe que debe regir la negociación colectiva”, ha añadido UGT. El sindicato ha recordado que la propia sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo puntualiza que “debe garantizarse que la participación se haga en condiciones que aseguren la efectiva defensa de las posiciones” y entiende que el fallo judicial “es una muy severa llamada de atención a los responsables de personal del Ayuntamiento de Santander”.

El PSOE denuncia “falta de transparencia y mala gestión” del Presupuesto

En la misma línea, el PSOE de Santander denunciaba el pasado viernes la “falta de transparencia y la mala gestión” del Presupuesto, y criticaba que el equipo de gobierno del PP haya aprobado que los reconocimientos extrajudiciales de crédito puedan realizarse “sin pasar por el Pleno del Ayuntamiento”. Así lo señalaba en un comunicado el secretario general del PSOE y portavoz municipal, Pedro Casares, que criticaba que el equipo de gobierno haya modificado en las bases de ejecución del presupuesto de 2017 delegar en la Junta de Gobierno Local la aprobación de los expedientes de reconocimiento extrajudicial de créditos. De esta forma, según decía, las modificaciones extrajudiciales de crédito “ya no tienen que ser aprobadas por el pleno del Ayuntamiento de Santander, como ocurría hasta ahora”. Por ello, reprochaba al PP que “cambie el procedimiento” y ahora “sea suficiente” un dictamen previo de la comisión informativa de Hacienda para que se aprueben estas modificaciones de créditos “sin que tengan que ser aprobadas por el Pleno del Ayuntamiento”.

“¿Dónde queda la dación de cuentas ante la ciudadanía?”, se pregunta el portavoz municipal del PSOE

Para el portavoz del PSOE, cuando la sociedad reclama administraciones “abiertas y transparentes”, el PP en Santander “hace todo lo contrario, hurtando el debate sobre su gestión a los representantes de la oposición”. Según Casares, “es también una forma clara de reducir la transparencia y evitar el debate público y ciudadano sobre su gestión presupuestaria”. “¿Dónde queda la dación de cuentas ante la ciudadanía?”, se preguntaba. A su juicio, “es un auténtico retroceso en la rendición de cuentas de un equipo de gobierno que prefiere aprobar por la puerta de atrás, sin debate público, las modificaciones extrajudiciales del presupuesto que evidencian su desastrosa gestión”, recalcaba. Para Casares, estos “reconocimientos extrajudiciales ponen de manifiesto el mal funcionamiento presupuestario de Santander e irregularidades en la gestión”. De esta forma, “han de pagarse facturas para las que no había consignación presupuestaria o para las que se ha omitido trámites esenciales establecidos en la normativa de contratos del sector público”, afirmaba.

Así, consideraba “preocupante” que el equipo de gobierno “no sea capaz” de prever servicios esenciales para la ciudad y que no realice “en tiempo y forma” los correspondientes contratos, “con demoras en su tramitación en algunos casos de un año”, aseguraba. En este sentido, señalaba “los 1.993.770 euros que el PP aprobó el 25 de septiembre en la Comisión de Hacienda como reconocimientos extrajudiciales de crédito para pagar el mantenimiento de túneles y el suministro de energía eléctrica”. Un trámite que, sin embargo, “todavía no han hecho efectivo en la Junta de Gobierno Local, por lo que las facturas no han podido ser regularizadas”. “En este caso son todas las facturas desde enero a junio de 2017 en el caso del suministro eléctrico, y hasta agosto en el caso del mantenimiento de los túneles”, concretaba. Casares consideraba “especialmente sorprendente” que, durante un año, la empresa de suministro de energía eléctrica ha estado prestando el servicio “sin contrato”, lo que lleva ahora a tener que realizar el reconocimiento extrajudicial del mismo para poder regularizarlo, ha concluido.