Izquierda Unida de Cantabria ha denunciado ante la Fiscalía Superior de la comunidad autónoma las supuestas irregularidades en las adjudicaciones del Servicio Cántabro de Salud (SCS) desveladas por la funcionaria responsable del Servicio de Contratación, Inmaculada Rodríguez. Así lo ha anunciado este miércoles la coordinadora autonómica de IU, Leticia Martínez, que ha explicado en un comunicado que lo que su formación pretende con esto es “contribuir a tener unas instituciones limpias y democráticas”, que “no sólo no cometan irregularidades o ilegalidades, sino ninguna sospecha de ello”.

En la denuncia, presentada el lunes 30 de abril, aunque se ha hecho pública este miércoles, se indica que, de confirmarse los hechos denunciados por la funcionaria y posteriormente por la presidenta del PP de Cantabria y exconsejera de Sanidad, María José Sáenz de Buruaga, se trataría de “irregularidades que, por su gravedad, podrían implicar la comisión de delitos de prevaricación administrativa, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos”, tipificados todos ellos en el Código Penal, los artículos 404, 428 y 432, según apunta IU. Además, implicarían la “usurpación de funciones y falsedad en documento público” de los artículos 402 y 390 del mismo texto legal, agrega la formación de izquierdas.

Dadas las "graves acusaciones" vertidas en los últimos días en torno a las adjudicaciones en el SCS, Izquierda Unida las ha puesto en conocimiento del órgano competente y pide, apelando a la “alarma social” generada al trascender las mismas, la designación de un fiscal especial para dirigir la investigación hasta su conclusión, y que ejercite las acciones penales en caso de que correspondan. Además, esta formación solicita que se tome declaración a la funcionaria que reveló los hechos, y que se pida a la secretaria general del PP de Cantabria, María José González Revuelta, que remita una copia del dossier documental completo entregado al Gobierno de Cantabria en el que se basan las declaraciones de Buruaga.

La denuncia ante la Fiscalía se fundamenta en las irregularidades reveladas por la jefa del Servicio de Contratación y Gestión de Infraestructuras del SCS. Es decir que trata cuestiones como “la paralización de expedientes administrativos sin ninguna motivación, la recepción formal de obras, servicios y suministros que no se encuentran listos para su entrega, a los que se tramita la facturación a pesar de la previas advertencia de ilegalidad y la realización de propuestas de contratación con base en acuerdos previos de terceros ajenos a la Administración con empresas concretas, con intervención de estos tanto en la propuesta de contratación como en la evaluación final”, detalla IU. En la petición se recalca que “se denegó” el acceso del Servicio de Contratación –a cuyo frente estaba la denunciante– a expedientes de obras y servicios relacionados con obras, “impidiendo así su supervisión”, o en “el uso por parte de una de estas empresas de un despacho en Sanidad”.

“Hacemos lo que haría cualquier ciudadano: pedir a la Justicia que investigue unas presuntas irregularidades que han causado alarma social”, explicaba Martínez sobre el hecho de registrar la petición ante la Fiscalía, que es quien “tiene los medios y recursos para impulsar investigaciones de este calibre”. La coordinadora autonómica de IU reivindicaba que este paso también supone “luchar por la sanidad pública”, ya que “el dinero mal gestionado en la sanidad se deja de invertir en lo importante, la atención de todos”. “En la defensa de los intereses de todos y de lo público estaremos donde tengamos que estar, en las calles y en los tribunales”, avisa la portavoz de IU, que espera que partidos e instituciones que sean requeridos “colaboren para dar luz a este caso” y “trabajen también por unas instituciones transparentes y comprometidas con el servicio público”.