POLÍTICA

IU dice que el Gobierno no incluirá el sacrificio cero

IU ha censurado la "poca diligencia" que el Gobierno bipartito está teniendo a la hora de sacar adelante esta Ley.

Leticia Martínez
Leticia Martínez

El Gobierno de Cantabria no contempla incluir el sacrificio cero en su Ley de Protección y Bienestar Animal, todavía en fase de Anteproyecto de Ley, según ha avanzado hoy Izquierda Unida.

En un comunicado, la coordinadora autonómica de IU, Leticia Martínez, ha dado a conocer las intenciones del Gobierno PRC-PSOE tras haber obtenido respuesta a las alegaciones que la formación presentó en noviembre de 2017 a través de su portavoz autonómico, Miguel Saro, y la representante del área de protección animal de IU en la comunidad, Victoria Cedrún.

IU ha censurado la "poca diligencia" que el Gobierno bipartito está teniendo a la hora de sacar adelante esta Ley, y en este sentido, no confía en que vaya a salir adelante durante esta legislatura, dado que además "no es la única que va con retraso" pues se suman el Plan Regional de Ordenación del Territorio (PROT), la 'Ley de Cantabria de Garantía de derechos de las personas lesbianas, gais, transexuales, transgénero, bisexuales e intersexuales y no discriminación por razón de orientación sexual e identidad de género' o la 'Ley de Memoria histórica', entre otras.

Respecto al contenido del Anteproyecto de Ley de Protección Animal, Martínez ha manifestado su "decepción" ante la "falta de ambición" en la defensa y protección de los animales que, a su juicio, denota la respuesta que el Gobierno autonómico da a sus alegaciones.

IU formuló 23 alegaciones, entre ellas, el sacrificio cero y sin exclusiones o que la norma "sacase de la impunidad administrativa del maltrato" a determinados colectivos de animales como la fauna salvaje capturada incluso con fines distintos a la caza, o el de animales usados para experimentación, incluso cuando el maltrato no está justificado por las propias necesidades de la experimentación.

Asimismo, en sus alegaciones se refieren a la exclusión de esta ley de los espectáculos taurinos no reglados pero autorizados, excepciones "inadmisibles" que implican la "renuncia" del legislador a regular*espacios en los que se produce el maltrato animal de forma habitual y pública, y también a hacer "pedagogía social" sobre el maltrato, a su juicio.

Entre las cuestiones planteadas por IU que sí son aceptadas para su inclusión por parte del Gobierno se encuentra la prohibición de corte de rabos --que ya es obligatoria a nivel estatal desde febrero de 2018--, el reconocimiento de las asociaciones dedicadas a la protección y defensa de los animales como parte interesada en los expedientes sancionadores incoados conforme a esta Ley, o ciertos aspectos de control de colonias de gatos y campañas CES (Captura/Esterilización/Suelta) y los relativos a la limitación de movimientos de los animales.

A la espera de cómo se desarrolle todo el trámite hasta su aprobación como Ley, IU considera que el Gobierno ha aceptado "cuestiones importantes pero menores" respecto a las alegaciones y que el avance en la protección animal será, por tanto, "mínimo".

"No han aceptado el sacrificio cero o la inclusión de colectivos animales ahora excluidos del maltrato pero tampoco las propuestas que hicimos en materia de sensibilización o denuncia", ha lamentado Martínez.

En el apartado de sensibilización, IU pide que no se presente a los animales como objetos de consumo o premio, o que se advierta de las consecuencias para el medio ambiente de la adquisición de animales de fauna salvaje y/o exótica, algo que tampoco ha sido contemplado por el Ejecutivo PRC-PSOE.

Ante este escenario, IU también ha llamado la atención de que la "falta de compromiso" del Gobierno "no sólo se ve en el contenido de la Ley", sino también en los recursos económicos que ésta obtendría, atendiendo a los antecedentes.

"La Ley nacerá muerta ya que los presupuestos para 2018 sólo contemplan 26.000 euros en la partida de protección de los animales, de los cuales, 15.000 corresponden a la feria de adopción de Torrelavega, lo que hace inviable que el Gobierno aplique esta ley", ha sentenciado.