La Consejería de Obras Públicas y Vivienda prevé ampliar a 36 meses el plazo en el que se podrán cobrar las ayudas del alquiler del Gobierno regional; la evaluación de las solicitudes se hará en dos fases, una sobre el cumplimiento de los criterios objetivos y otro sobre elementos subjetivos, y se establecerán algunas "excepciones" para permitir que antiguos beneficiarios de las mismas puedan seguir cobrándolas.

Así lo ha adelantado este lunes en el Pleno del Parlamento el titular de esta área, el regionalista José María Mazón, quien ha señalado algunos detalles de lo que, en principio, será el Decreto de ayudas al alquiler que está elaborando el Gobierno de Cantabria y que, según ha explicado el consejero.

Mazón ha señalado que el nuevo Decreto va a permitir que puedan cobrar ayudas algunos de los solicitantes a los que les fue denegada por no cumplir los criterios del actual Decreto.

Según ha explicado, con carácter general, no podrán cobrar estas ayudas quienes hubieran cobrado ayudas con cargo al Plan 2013-2016 a excepción de quienes las hayan solicitado por primera vez o por segunda en 2017, que las podrán cobrar dos años y un año más, respectivamente, con cargo al nuevo Decreto.

Además, podrán cobrar las ayudas del nuevo Decreto personas pertenecientes a determinados colectivos aunque ya las hubieran cobrado tres años con cargo al plan 2013-2016.

Entre ellas, estarán las unidades de convivencia que constituyan unidades familiares monoparentales con hijos menores de edad; aquellas que ya hayan sufrido una previa ejecución hipotecaria de su vivienda habitual o que hayan dado su vivienda habitual en pago de deuda.

Podrán cobrarla, además, aquellas unidades afectadas por "situaciones catastróficas o de pérdida total sobrevenidad" de su vivienda habitual y también en las que todos sus miembros estén en paro y hayan agotado las prestaciones por esa situación.

Podemos ha reconocido que con este Decreto se "abre un poco el abanico" para que más personas puedan cobrarla pero se ha mostrado en contra de que se "insista" en fijar un criterio temporal para el cobro de estas ayudas.

En cuanto a los criterios objetivos que se incluirán en el nuevo Decreto para poder cobrar estas ayudas figura que el contrato no sobrepase los 500 euros al mes además del cumplimiento de unos ingresos, que como máximo deberán ser de 3 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM).

PSIR VALLE BUELNA

También Mazón ha sido interpelado, esta vez, por parte del PP, por el desestimiento del Plan Singular de Interés Regional (PSIR) del gran área de desarrollo de Buelna.

Respecto a este asunto, ha señalado que el Gobierno está analizando cómo va a tramitar el desestimiento del PSIR y ha apuntado la posibilidad de desarrollar una zona industrial "sólo en Los Corrales, sin la intervención del Gobierno".

Mazón ha explicado que esta semana, en concreto el jueves, tiene una reunión con la alcaldesa de Los Corrales, el primer teniente de alcalde y el consejero de Industria, Francisco Martín, "para analizar la situación con rigor, porque probablemente no haga falta hacer un PSIR".

Así lo ha señalado en respuesta a una interpelación del diputado del PP Francisco Rodríguez Argüeso, exconsejero de Obras Públicas, que le ha preguntado qué va a pasar con la circunvalación que contemplaba el PSIR para la salida de camiones desde San Felices hasta la autovía.

Mazón ha reiterado la explicación que ya dio en el Pleno del Parlamento hace algo más de un mes, cuando a preguntas de Ciudadanos, anunció que el Gobierno había desistido de este PSIR.

El consejero ha afirmado que las causas por las que no se hace el PSIR "son obvias" y ha añadido que el PP "había desistido de hecho" porque desde su aprobación inicial en 2012 lo tuvo "en un cajón"

Ha reiterado que el último informe de la Confederación Hidrográfica de 2014 modificaba de tal manera la distribución del PSIR que "prácticamente lo hacía inviable". "Tal y como está diseñado no tiene validez", ha insistido, a lo que se une que la necesidad de suelo residencial ha decaído.