El Gobierno va a aprobar en seis semanas un real decreto para recuperar la universalidad en el Sistema Nacional de Salud (SNS) y eliminar así el Real Decreto 16/2012, aprobado por el Ejecutivo de Mariano Rajoy y que "suprimió" dicha universalidad, según ha informado la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

"Vamos a devolver el derecho a la salud a todas las personas. Tenemos que actuar con otro real decreto para proceder a la eliminación del Real Decreto 16/2012 y devolver a todas las personas su derecho a la protección a la salud", ha aseverado la también ministra de Educación y Formación Profesional.

El plazo marcado por el Gobierno de Pedro Sánchez para devolver la universalidad al SNS es de seis semanas para llevar el nuevo real decreto al Consejo de Ministros y 30 días para su convalidación en el Congreso de los Diputados.

El Real Decreto 16/2012 se aprobó durante el mandato de Ana Mato al frente del Ministerio de Sanidad y originó un importante rechazo entre diferentes sectores de la sociedad al retirar de la asistencia sanitaria a los inmigrantes en situación irregular, excepto en los servicios de Urgencias y a embarazadas y menores de edad.

Asimismo, el real decreto contemplaba otras medidas como, por ejemplo, el copago de medicamentos en función de la renta de cada ciudadano y fijó nuevas condiciones de uso para ser titular de una tarjeta sanitaria.

Diferentes comunidades autónomas, entre ellas Cantabria, aprobaron diversas medidas para atender en la sanidad pública a "todas" las personas, con independencia de su situación administrativa. En este sentido, el bipartito PRC-PSOE afirmó en 2015 que más de 5.000 inmigrantes habían quedado fuera de la atención sanitaria con el Real Decreto aprobado por el PP. La iniciativa cántabra permitía, por tanto, que todas estas personas pudieran acceder a las “prestaciones de la cartera común básica y suplementaria”, y no solo a los servicios de Urgencias. La Orden fue anulada por el TSJC casi un año después en una sentencia que el Gobierno recurrió ante el Supremo.

"Todas las comunidades están actuando para solucionar los problemas que este real decreto ha planteado, excepto Ceuta y Melilla, y con el nuevo real decreto, que va a tardar en venir, vamos a un procedimiento regulado para devolver el derecho a la salud a todas las personas", ha señalado Celaá, para asegurar que la medida se ha adoptado por "decencia política".

Por ello, la portavoz del Gobierno ha asegurado que no habrá "ninguna comunidad autónoma" que vaya a incumplir el real decreto que va a elaborar el actual Gobierno porque, tal y como ha señalado, incluso autonomías que seguían sin atender a los inmigrantes se sentían "muy incómodas" con la situación, por lo que "seguro" que cumplirán con la normativa de los socialistas "en todos sus términos".

La medida del Gobierno de Sánchez ha sido reclamada por los socialistas desde que se aprobara el Real Decreto 16/2012 y que, tal y como ha recordado la portavoz del Ejecutivo socialista, ha sido solicitada por organismos internacionales como, por ejemplo, la ONU, la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Unión Europea e, incluso, el Defensor del Pueblo.