La Delegación del Gobierno español en Cantabria ha aceptado las recomendaciones que ha planteado el Defensor del Pueblo tras la queja formulada por un miembro de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Santander, según ha informado el colectivo en un comunicado. La queja la registró quien fuera portavoz de la PAH de Santander, Óscar Manteca, quien en julio de 2015 fue multado durante una acción de protesta en una oficina de Liberbank, una multa que ascendía a 601 euros y que fue impuesta en base a la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como Ley Mordaza, cuando acaba de aprobarse. Esa multa, firmada por el delegado del Gobierno español en Cantabria, Samuel Ruiz, y posteriormente ratificada por el Ministerio del Interior, fue recurrida por Manteca ante los tribunales, y el Juzgado nº 2 de lo Contencioso-Administrativo de Santander anuló la sanción al considerar que se había "violado la presunción de inocencia" de Manteca, "al no haberse practicado las pruebas solicitadas por él en sus alegaciones, ni otras que podrían haber demostrado la inocencia del acusado".

Para evitar que una situación así se repitiera, Manteca presentó una queja ante el Defensor del Pueblo, que ha resultado en una serie de recomendaciones que el delegado del Gobierno español ha aceptado en un escrito fechado el pasado 29 de diciembre y facilitado por la PAH. Se trata de dos recomendaciones. La primera de ellas es que "en la tramitación de los procedimientos sancionadores de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, el instructor practique de oficio todas aquellas pruebas que puedan llevar a un mejor esclarecimientos de los hechos denunciados". La segunda recomendación que la Delegación del Gobierno español en Cantabria ha aceptado, a instancias del Defensor del Pueblo, es que, al solicitar la ratificación de la denuncia, el instructor "exija a los agentes denunciantes que se refieran explícita y detalladamente a las alegaciones formuladas por los interesados".