El pasado 22 de enero se daba luz verde en el Parlamento de Cantabria al Presupuesto autonómico para el año 2018 que está a punto de comenzar. Durante la sesión, marcada por las acusaciones de la oposición al Gobierno por recibir el apoyo de Juan Ramón Carrancio, exdiputado de Ciudadanos considerado “tránsfuga” por todos los partidos (incluidos PRC y PSOE, que comparten responsabilidades de Gobierno), también se aprobó la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas, en la que entre otras medidas se contempla un aumento del 8% al 10% en el impuesto de transmisiones patrimoniales (ITP) para rentas superiores a los 30.000 euros. El objetivo del Gobierno es equipararlo al 10% de IVA que ya pagan los compradores de vivienda nueva.

Esto implica que a partir del 1 de enero (este viernes se han publicado en el Boletín Oficial de Cantabria las mencionadas leyes) la adquisición de una vivienda de segunda mano para aquellos ciudadanos que tengan una renta declarada por encima de esta cantidad tendrá un mayor recargo, lo que consecuentemente aumentará el coste de la casa, piso, apartamento, etc., que esté interesado en comprar.

La medida fue presentada por el propio consejero de Economía, Hacienda y Empleo, Juan José Sota, el pasado 25 de noviembre como parte de una serie de reformas fiscales entre las que se incluye también la subida del impuesto de transmisiones patrimoniales para los coches usados que no sean de alta gama, que pasa del 4% al 8%.

Cabe recordar que, aunque el Gobierno y los partidos que lo sustentan han negado de forma reiterada un posible pacto con Carrancio, lo cierto es que el Ejecutivo asumió como propias varias iniciativas del diputado “tránsfuga”, entre ellas mantener en el 8% el ITP para rentas inferiores a 30.000 euros en la compra de una vivienda de segunda mano.

TERCER PRESUPUESTO

Estas cuentas aprobadas por PRC, PSOE y Carrancio, además de subir el impuesto para adquirir una vivienda de segunda mano a partir de los 30.000 euros de renta declarada, también contempla un incremento en el cómputo general, ascendiendo a 2.729 millones, un 4,9% más que el de 2017.

En un comunicado, Sota ha sostenido que las cuentas para el próximo año, las terceras de esta legislatura, persiguen el "crecimiento inteligente, sostenible e integrador" de Cantabria, con un marcado acento puesto en las políticas sociales.

Se trata, ha explicado, de un Presupuesto "ambicioso", cuyo objetivo final es la mejora de las políticas públicas que garanticen "la igualdad de oportunidades".

Además, el consejero ha recalcado que estas cuentas se han elaborado y aprobado en un contexto político-institucional "excepcional", tanto por la situación en Cataluña como por la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado ante la "incapacidad" del Gobierno de España para conseguir los apoyos necesarios para sacar adelante la norma presupuestaria de 2018. Esta imposibilidad, ha recordado Sota, afecta de "manera notable" a las cuentas de Cantabria.

A pesar de ello, el Presupuesto de Cantabria para 2018 cumple el objetivo de estabilidad presupuestaria y la regla de gasto fijados para el conjunto de las comunidades autónomas, el 0,4 y el 2,4% del PIB, respectivamente, así como el objetivo de deuda pública, establecido para Cantabria en el 22,7% del PIB. Y cuenta también, ha añadido, con el informe preceptivo de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).

El articulado de la Ley de Presupuestos comprende seis títulos, con sus respectivos capítulos, 44 artículos, 14 disposiciones adicionales, 1 disposición transitoria, 1 disposición derogatoria y 2 disposiciones adicionales, así como dos anexos.

La dotación económica de 2.728 millones de euros convierten a las cuentas regionales para 2018 en el mayor presupuesto que ha tenido la Comunidad Autónoma en su historia con el objetivo de dar un nuevo impulso a las políticas públicas, sobre todo en las áreas sociales, que son las prioridades fundamentales (sanidad, educación, política social, vivienda y empleo), al concentrar el gasto productivo autonómico, ha destacado Sota.

El presupuesto está orientado a la mejora de los servicios públicos que presta la Comunidad Autónoma, a la empleabilidad y a dar un impulso a la calidad en el empleo y fortalecer la inversión y el desarrollo regional.

Tiene como eje fundamental la política social, a la que se destina la mayor partida en la historia de Cantabria. Asimismo, se presta una especial atención a las políticas de promoción social, fomento del empleo, acceso a la vivienda, sanidad y educación.

Sota ha declarado que el Ejecutivo regional se planteó para 2018 aprobar una serie de medidas fiscales con la idea de que fueran "progresivas" y que sirviesen para coadyuvar a una mejor distribución de la riqueza, apostando por la equidad, y que rebajasen la carga tributaria de "quienes más han sufrido los efectos de la crisis".