El comité de empresa de la sociedad pública MARE ha denunciado judicialmente el nuevo organigrama y Relación de Puestos de Trabajo (RPT) "impuestos" por la dirección, puesto que no se ha negociado con los sindicatos e incumple el convenio colectivo vigente. La vista se celebrará el 18 de diciembre.

Así lo ha señalado en rueda de prensa el presidente del comité, Antonio Nates, en representación de los sindicatos mayoritarios (CCOO, SIEP y UGT), que aglutinan al 11 de los 13 miembros del comité, integrado también por USO, que se ha "abstenido" de participar en esta convocatoria pública en la que se ha denunciado la "precarización de las condiciones laborales" que los trabajadores de MARE llevan sufriendo desde los dos últimos años.

Una situación que ha llevado a una "conflictividad creciente", reflejada en las demandas judiciales y a temer por la "viabilidad" futura de MARE como empresa pública.

Nates ha denunciado el "aumento alarmante de la temporalidad" y el "abandono" por parte de la dirección de la gestión de la empresa, que "camina, sobre todo en las relaciones laborales, a una gestión privada del siglo pasado, violando nuestro convenio colectivo y las comisiones que en él se establecen", e implantando un "sistema arbitrario para la mejora de los afines".

Igualmente ha lamentado que la presidenta de MARE, la vicepresidenta y consejera de Medio Ambiente, Eva Díaz Tezanos, está "desaparecida y no se acuerda de los 270 trabajadores" de esta empresa pública.

En concreto, según el presidente del comité, los problemas de MARE "ante la inacción o la acción interesada o teledirigida que realiza la dirección" se han "agravado" y son la falta de personal, temporalidad, inseguridad jurídica, precariedad, conflictividad social, aumento del riesgo laboral y aumento de las incapacidades.

Nates ha explicado que antes de denunciar, el comité ha intentando "encauzar" las relaciones con la dirección de la empresa pero ha sido "en vano", pues ésta continúa "imponiendo medidas unilaterales y tendenciosas, soslayando el convenio colectivo en vigor y actuando como si fueran los amos de una empresa privada del siglo pasado".

El representante de los trabajadores ha denunciado que las "grandes expectativas" que se abrieron con la llegada a la dirección de Rosa Inés García fueron "una gran mentira", tanto por la "negociación ficticia" del convenio colectivo, como por el incremento de la temporalidad al cubrir solo el 50% de la tasa de reposición, únicamente para categorías A y B, y no para personal de trabajos operativos.

Ya en 2018, tras la dimisión de García (que, no obstante, entró a formar parte del Consejo de Administración de MARE), fue nombrado director Felipe Lavín y subdirector Jorge Santos, que ya en 2017 realizaba servicios externos para la empresa y que se presentó a la oferta de empleo público de la misma pero no obtuvo por este medio la plaza que ostenta en al actualidad por no cumplir con los estudios requeridos, ha relatado el presidente del comité, que ha explicado que Santos, a quien se hizo un contrato de alta dirección, era quien iba a "solucionar la conflicitividad" laboral.

Sin embargo, "su primera acción, al día siguiente de ser nombrado" fue "imponer un nuevo organigrama y una RPT" que "nunca se negoció con el comité y que además inclumple el convenio colectivo", y que han sido denunciados judicialmente.

Además, la semana pasada se ha celebrado un acto en el Organismo de Resolución Extrajudicial de Conflictos Laborales de Cantabria (Orecla), en el que no se ha alcanzado un acuerdo sobre la oferta pública de empleo realizada por la empresa puesto que, según los citados sindicatos, no respeta "ni la RPT que ellos mismos han impuesto".