Los secretarios generales de CCOO y UGT han desvelado este martes que tras la presentación de los presupuestos de 2018, han negociado con el Gobierno "al más alto nivel" y han arrancado al presidente y la vicepresidenta dos compromisos: la creación de una oficina de transparencia, la lucha contra el fraude y la corrupción; y la aprobación de un marco jurídico que regule las cláusulas sociales en la contratación pública.

Compromisos que no se han firmado por escrito pero que el Gobierno debe "poner en marcha" en el primer trimestre, según ha detallado en rueda de prensa el secretario general de CCOO, Carlos Sánchez, quien ha explicado que el Gobierno "perdió la oportunidad de negociar o de discutir el presupuesto para llevarlo al Parlamento con mayor consenso social, pero decidimos no tirar la toalla e intentar alcanzar un grado de compromiso".

CCOO y UGT creen que la enmienda a la totalidad a los presupuestos "no es una solución" y han optado por la "unidad de acción"

Por su parte, el líder de UGT, Mariano Carmona, ha presentado la postura de ambos sindicatos en relación al presupuesto de 2018, en el que hace falta "un acto de fe" para creer en él. No obstante, CCOO y UGT creen que la enmienda a la totalidad "no es una solución" y han optado por la "unidad de acción" y la negociación para lograr "recuperar derechos perdidos".

Carmona ha criticado que sigue sin haber partidas para crear de nuevo el Consejo Económico y Social (CES), el Consejo de la Juventud y el Consejo de la Mujer. En el lado positivo, ha considerado una "buena noticia el compromiso firme" de presentar una ley específica que regule la Renta Social Básica.

Los sindicatos piden que la RSB se extienda a todos los desempleados sin prestación -el 54% del total de parados en Cantabria-, lo que estiman que tendría un coste de 70 millones de euros anuales. "He percibido (en la mesa de negociación) que va a ser efectivo. Veo al Gobierno sensible a este tema; quedará por determinar qué partida se dedica a este tema y de dónde la quitamos", ha explicado.

REFORMA FISCAL

Sobre la reforma fiscal, creen que "deja mucho que desear en equidad, solidaridad y progresividad" y que debería ser "todavía más dura", de forma que "de verdad descargue a las rentas más bajas y cargue a las más altas". CCOO y UGT no entienden los argumentos de algunos partidos en el Parlamento. "No entendemos que haya que dar una renta social básica y que haya que bajar los impuestos", ha dicho Carmona.

Sobre la reforma fiscal, creen que "deja mucho que desear en equidad, solidaridad y progresividad" y que debería ser "todavía más dura"

Por otro lado, el líder de UGT ha criticado especialmente el aumento del impuesto por la compraventa de coches de segunda mano (sube del 4 al 8%) y el de la tasa por opositar. "Se recauda muy poco dinero y socialmente se vende muy mal", ha dicho.

Además, los sindicatos consideran insuficiente la partida destinada a la modernización de la administración; piden que la exención del canon del agua para perceptores de la RSB u otro tipo de subsidio se extienda a los "trabajadores pobres"; y consideran necesaria una reorientación de las políticas activas de empleo y de apoyo a autónomos y emprendedores, en las que se gastan "ingentes recursos" que a su entender no están contribuyendo a la creación de empleo de calidad.

Aunque CCOO y UGT hacen una valoración positiva de los acuerdos, sí señalan las carencias de los presupuestos: no hay medidas reales para un cambio de modelo productivo; el Gobierno sigue con viejas fórmulas de estímulo de empleo que ya no son efectivas; no hay partidas específicas para la recuperación del Consejo Económico Social (CES), el Consejo de la Mujer y el Consejo de la Juventud, y no hay un proyecto real para el estímulo del sector primario.

OFICINA DE TRANSPARENCIA Y CLÁUSULAS SOCIALES

Según ha detallado el líder de CCOO, la oficina de transparencia deberá ser un organismo independiente y con participación plural, adscrito al Parlamento y liderado por una persona "de reconocido prestigio", que además trabaje "en paralelo" con la Agencia Cántabra de Administración Tributaria en la lucha contra el fraude.

Su objetivo será hacer un seguimiento y control de las subvenciones y ayudas públicas, para evitar el "despilfarro" de dinero público en proyectos industriales "fallidos", nuevos "escándalos" y por ende, comisiones de investigación en el Parlamento y judicialización de la vida política.

Las cláusulas sociales suponen que todos los contratos suscritos por el Gobierno autonómico obliguen al cumplimiento de criterios de respeto a los derechos laborales. Con este marco jurídico, los sindicatos pretenden "acabar con las bajas temerarias y la precarización de los trabajadores de las empresas contratadas o subcontratadas por la administración".

Carlos Sánchez ha recalcado que se negocia en un momento de crecimiento sostenido de la economía y considera sangrante que no se recuperen derechos. "Nos parece descabellado que a pesar de la recuperación de la economía, la situación del empleo no mejore. Es el mayor presupuesto de la historia de Cantabria, pero se mantiene la brecha social, la alta precarización del empleo y la reiterada pérdida de la capacidad adquisitiva de los salarios", ha criticado.