El informe de la AIREF sobre el sector empresarial y fundacional autonómico determina que su volumen, con 25 entidades, "no es excesivo", aunque plantea algunas "fusiones" de entidades y propone, para incrementar ingresos y mejorar resultados, hasta en casi 45 millones, subir las tarifas de algunas instalaciones de Cantur, como Cabárceno o Alto Campoo, y externalizar algunos de sus servicios, así como elevar un 17% lo que MARE cobra a los ayuntamientos por recogida de basura o cerrar las cuevas en temporada baja.

El consejero de Economía, Hacienda y Empleo, Juan José Sota (PSOE), ha presentado este miércoles en rueda de prensa algunas de las conclusiones de este estudio, encargado el pasado verano a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal por parte del Gobierno de Cantabria y que ha sido remitido al Parlamento de Cantabria para ponerlo a disposición de los grupos.

De hecho, Sota ha expresado su disposición a comparecer en la Cámara regional para exponer este estudio, que ha calificado de "interesante" como "hoja de ruta".

Sin embargo, ha señalado que algunas de las medidas que se proponen para este mejorar los resultados de algunas sociedades y empresas públicas, como por ejemplo subida de tarifa o cierres de algunos recursos turísticos en temporada baja son "decisiones políticas" que incluso trascienden al Gobierno de Cantabria y sobre las que, incluso, se tendría que pronunciar el Parlamento regional.

En relación a la subida de tarifas que se plantean, por ejemplo, en Alto Campo, ha señalado que esto podría tener un efecto en la "competitividad" de la estación que, según ha reconocido, ya tiene precios que están incluso por encima que las de provincias vecinas.

Y sobre la subida de las tarifas a los ayuntamientos por los servicios de MARE, ha alerto de que ello podría hacer que éstos repercutieran esta subida a los ciudadanos.

En este estudio, se hace referencia a los resultados de las empresas públicas de 2016, cuyos gastos, 198,4 millones, superaron en casi 72 millones a los ingresos, que fueron 126,1.

El Ejecutivo aún no tiene cerrados los datos de 2017, si bien señala que en ese año las pérdidas del sector empresarial se han situado en los 4,4 millones, un 29% que en 2016.

DEFICIENCIAS Y ÁREAS DE MEJORAS

El informe advierte de algunos problemas en el sector empresarial cántabro, entre los que figuran "solapamientos" entre actividades que realizan varias entidades, aunque "no son graves"; la existencia de una "actividad impropia inmobiliaria" y de otras que no están relacionadas con su objeto social.

También señala que no hay intercambios de conocimientos o recursos, sin crear sinergias y advierte de una tesorería "descentralizada" y procesos de seguimiento contable y control que "se realizan a un nivel básico".

Además, cita que hay "múltiples conflictos" relacionados con la fiscalidad comunes a muchas entidades, pero no abordados conjuntamente y sostiene que los regímenes de concesiones y otros contratos con proveedores externos "no son óptimos".

Para las propuestas de mejora establece tres niveles, dependientes de su rapidez de implantación.

Así, en el primero, el nivel I, se recogen actuaciones ejecutables a corto plazo encaminadas a reducir gastos, aumentar ingresos, realizar ajustes en balances y poner en valor infraestructuras, actuaciones que comportarían una mejora estimada de unos 14 millones de euros.

De este total, 5,2 millones de euros se corresponden a reducciones de gasto, originadas principalmente renegociando las concesiones de recogida de residuos.

Por el lado de los ingresos, se ha estimado una capacidad de incrementarlos en 6,9 millones de euros en las actividades mercantiles de Turismo.

También hay propuestasla puesta en valor de infraestructuras, creando nuevas concesiones para reducir hasta en 1,8 millones las pérdidas recurrentes a medio plazo.

Finalmente, se añade una propuesta orientada a garantizar la calidad en la selección de directivos, basada en los principios de profesionalidad, transparencia y concurrencia.

El Nivel II comprende cambios societarios y estructurales, cuyo impacto se estima en 11 millones de euros de beneficio creciente desde el segundo año.

Concretamente, se plantean varias fusiones, como la de la Fundación Festival Internacional de Santander, que es compartida al 50% entre Gobierno y Ayuntamiento de Santander, con la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte, o entre aquellas que se ocupan de la gestión del suelo público, según ha explicado Sota, que ha añadido que habría que analizar jurídicamente cada caso y ver las implicaciones que ello tendría.

Además, dentro de este nivel de medidas, y la más relevante desde el punto de vista económico, es la adecuación de los ingresos por los servicios de MARE a su coste real.

El Nivel III consiste en la creación de un Centro de Servicios Compartidos, una propuesta a largo plazo y que, según la AIREF, reportaría beneficios estimados ligeramente inferiores a 1,8
millones de euros a corto plazo (año 1), 19,5 millones de euros a medio plazo (año 4) y de 26,1 millones de euros a medio y largo plazo (año 8).