La posibilidad de que los nueve jóvenes que protestaron en defensa de la educación pública en febrero de 2014 sean condenados a 42 años de cárcel ha despertado la conciencia de todo el sector educativo. Alumnos y profesores de numerosos centros educativos de Cantabria han mostrado su solidaridad con estos jóvenes en un ‘parón educativo’ que se repita en la tarde de este viernes y en el que todos han levantado la mano en señal de protesta.

El parón, convocado por la Plataforma en Defensa de la Enseñanza Pública, en la que están representados profesores, estudiantes y padres, supone un acto de protesta ante la imputación de estos jóvenes por 'escrache', en febrero de 2014 en la Universidad de Cantabria, contra el entonces presidente, Ignacio Diego. Los convocantes han tildado lo ocurrido de "montaje" y han pedido la "absolución" para los imputados.

Centros como el IES Ricardo Bernardo (Solares), el IES Manuel Gutiérrez Aragón (Viérnoles), el IES Fuente Fresnedo (Laredo), el IES Foramontanos (Cabezón de la Sal) o el IES La Albericia (Santander) han registrado sendos apoyos al parón, que también ha contado con el seguimiento de alumnos de formación profesional.

Además del 'parón' en las aulas, a las 11:00 horas se ha celebrado un foro de debate y reflexión sobre la enseñanza pública en la sala de grados del Interfacultativo.

El apoyo no ha sido únicamente a través del seguimiento del parón. Las redes sociales se han llenado de mensajes de solidaridad de jóvenes, de algunos políticos y de organizaciones como Cantabria No Se Vende.

Consejo Escolar

Este jueves el Consejo Escolar de Cantabria también ha mostrado su solidaridad, asegurando que “no es justo que estos jóvenes se encuentren en esta situación simplemente por haber intentado participar en un acto al que se les denegó su acceso sin ninguna justificación”.

El parón también ha contado con el apoyo del Consejo, que ha instado a“aprovechar la situación para fomentar entre los jóvenes de nuestros centros educativos el debate” sobre la educación y la sociedad.

Puertas cerradas de forma selectiva

La Plataforma en Defensa de la Enseñanza Pública ha denunciado que el día que Diego acudió a participar en el acto 'Tengo una pregunta para usted', estos jóvenes se encontraron con las puertas de la universidad "cerradas de forma selectiva", "se quedaron exigiendo su derecho a la libertad de expresión y sufrieron agresiones de la escolta" del presidente.

Algunos de los representantes de los colectivos que integran la Plataforma han recordado que los delitos de la imputación inicial pueden acarrear penas de hasta 12 años el más grave y hasta 44 años en total.

También consideran que se ha demostrado "con imágenes" que son víctimas de un "montaje político y judicial", en el que a su entender subyace un "ataque a la libertad de expresión".

Afirman también que este caso es "paradigmático" de la "estrategia de criminalización basada en el miedo para frenar la protesta social" pero creen que a la vez ha conseguido "abrir muchos ojos".

Han señalado que aún no se ha explicado "por qué se prestó a vetar el acceso" a los jóvenes que asistieron al acto para protestar por los recortes, y ha criticado el "privilegio" que se otorga al testimonio policial respecto al resto.