La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), el sindicato mayoritario entre los funcionarios, está preparando un protocolo para proteger a los empleados públicos en Cataluña y evitar que cometan un delito de prevaricación tras la aprobación de la resolución secesionista.

Así lo ha adelantado hoy su presidente, Miguel Borra, en declaraciones en RNE, donde ha considerado que la iniciativa parlamentaria, que salió adelante con el respaldo de Junts pel Sí y la CUP, implica que "cientos de funcionarios presten sus servicios para algo que no tiene amparo legal".

Como ejemplo, ha citado el mandato para desarrollar una hacienda pública catalana, algo para lo que "hacen falta personas y esas personas no salen de la nada".

"Querrán utilizar a funcionarios que estén realizando esas labores en Cataluña y se nos va a crear un problema importante. Los empleados públicos nos debemos a la legalidad vigente, que en estos momentos representan la Constitución y el Estatuto de Autonomía", ha añadido, convencido de que pueden empezar a crearse problemas a personas que lo único que hacen es ir "a su puesto de trabajo".

Por eso, ha dicho que los asesores jurídicos del sindicato están ultimando un protocolo "sencillo y fiable" que permita responder de manera eficaz a los problemas que pudieran plantearse.

Este protocolo -que será aprobado la próxima semana en Barcelona, en el marco de una ejecutiva nacional del sindicato-, recomendará que los empleados públicos a los que se les planteen dudas pidan la orden por escrito.