PP y Vox aprueban que el Parlamento se persone ante el Constitucional en la causa de la Ley de Memoria tras la suspensión de su derogación
El Parlamento de Cantabria se personará ante el Tribunal Constitucional (TC) por el recurso del Gobierno de España contra la derogación de la Ley de Memoria Histórica y Democrática autonómica, que sacaron adelante en el mes de noviembre PP y Vox.
Así lo ha acordado el Pleno este lunes con los votos a favor de estos dos grupos, que entienden que derogar una ley "no es inconstitucional" y defienden la "libertad de pensamiento". El PSOE, por su parte, ha votado en contra y ha defendido que estima procedente mantener la suspensión decretada por el Constitucional para evitar posibles "vulneraciones graves de los derechos humanos". Mientras, el PRC se ha abstenido dado que, aunque apoya la Ley de Memoria Histórica, ha amparado la facultad del Parlamento de Cantabria de "dictar cualquier disposición legislativa".
La Cámara cántabra se suma así al Ejecutivo autonómico en manos de los 'populares', que decidió adoptar la misma medida después de que el Alto Tribunal acordara suspender la ley que derogó la Ley de memoria Democrática de Cantabria -aprobada en 2021 con el anterior Gobierno regional (PRC-PSOE)-, al admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad que presentó el Gobierno de España.
Por su parte, el diputado Íñigo Fernández (PP) cree que lo que corresponde al Parlamento de Cantabria es personarse y "defender su derecho" a derogar la Ley de Memoria, "con el mismo derecho que tuvo el Parlamento de 2021 para aprobarlo". Además, considera que no tiene "ningún sentido que Cantabria no pueda funcionar sin Ley de Memoria Histórica, cuando Murcia y Castilla La Mancha no la tienen". "¿Por qué sería inconstitucional que Cantabria no tuviera Ley de Memoria Histórica, y no es inconstitucional que la región de Murcia no la tenga?", ha cuestionado.
Fernández ha vuelto a defender la derogación de la Ley de Memoria cántabra porque, a su juicio, es una norma "contraproducente para la convivencia en esta región, regresiva y que solo está llamada a generar conflictos y abrir heridas". Ha reiterado que la ley que aprobaron PRC y PSOE "solo establecía un relato de las agresiones que sufrieron las víctimas de una de las partes, no mencionaba en absoluto a ninguna de las víctimas de la otra parte" y, además, introducía un organismo "muy peligroso" en un estado democrático, una Comisión de la Verdad "llamada a elaborar un relato de obligado cumplimiento". Asimismo, ha criticado que esta Ley "contemplaba el adoctrinamiento de los niños en las aulas" e "invadía la autonomía" y "la libertad de cátedra de los profesores".
Además, el diputado ha señalado que desde el PP no han "engañado a nadie" con su idea de derogar la Ley de Memoria Democrática autonómica; y ha acusado a regionalistas y socialistas de que "no pusieron en marcha" la norma que ellos mismos aprobaron, dado que "ni crearon la Comisión de la Verdad, ni procedieron a exhumaciones".
En la misma línea, la portavoz de Vox, Leticia Díaz, ha sostenido que "es posible que una norma se apruebe, pero también es posible que una norma se derogue", por lo que cree que esta cuestión no puede ser "atacable". A juicio de Díaz, "raya lo esperpéntico" intentar justificar que un vacío normativo, es decir, que no exista una Ley de Memoria Histórica y Democrática aquí y en otros sitios, se pueda convertir en una inconstitucionalidad. "Si volver a la situación anterior a la existencia de la norma es un reproche de inconstitucionalidad, pues entonces el vacío normativo es inconstitucional", ha argumentado. "Ya no es que sea rizar de rizos, es que jurídicamente no tiene un pase", ha valorado la portavoz de Vox, que ha defendido que el Parlamento se persone y defienda "la democracia" y la "libertad de pensamiento".
Sin embargo, desde el PSOE estiman procedente mantener la suspensión decretada por el Tribunal Constitucional, una vez admitida a trámite de impugnación, después del dictamen de la Comisión Permanente del Consejo de Estado que concluyó una posible "contradicción" entre la Ley de Derogación y la Constitución Española.
Su diputado, Mario Iglesias, ha opinado que un posible levantamiento de la suspensión de la ley recurrida podría previsiblemente ocasionar "daños" a los derechos de la ciudadanía de Cantabria y particularmente a la protección de la dignidad de las víctimas de la guerra. Asimismo, ha afeado al Ejecutivo autonómico que en el periodo de vigencia de la ley, entre su publicación en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) y la suspensión derivada de la admisión a trámite del recurso de inconstitucionalidad, "no ha existido" colaboración con el Ministerio, y las actuaciones de investigación, localización o exhumación han sido "nulas". "Ese deber de colaboración ya se ha resentido", ha asegurado Iglesias, que ha indicado que el Consejo Territorial de Memoria Democrática concedió una partida de 52.700 euros destinada a Cantabria para actuaciones relacionadas con la memoria democrática, como localización, exhumación, divulgación y promoción, "no habiendo comprometido el Gobierno de Cantabria un solo euro en el año 2024, ni antes ni después del escenario normativo modificado". Finalmente, Iglesias ha advertido que el Constitucional "lo único que ha hecho es admitir a trámite el recurso" y no ha entrado todavía "al fondo de la cuestión".
Por su parte, desde el PRC creen que la opción de no personarse "debilita" la posición institucional del Parlamento de Cantabria como Cámara representativa legislativa, pero no lo apoyan "por coherencia", al oponerse a la aprobación de la ley que "deroga una norma importante para la concordia, el reconocimiento, el recuerdo de miles de cántabros y cántabras víctimas de la guerra". Asimismo, el diputado regionalista Pedro Hernando ha asegurado que desde el PRC respectarán y actuarán "en consonancia" de la decisión del Tribunal "sea cual sea". Ha vaticinado que fallará a favor de la facultad del Parlamento de Cantabria de dictar cualquier disposición legislativa" en el ámbito de sus competencias, representando el sentir mayoritario de la Cámara, aunque esa no sea la posición de los regionalistas, como ha indicado.