La Consejería de Sanidad del Gobierno de Cantabria ha ordenado el cierre de los clubes de alterne de la Comunidad Autónoma, con independencia de la licencia bajo la que desarrollen su actividad, ante la imposibilidad de controlar los focos y brotes de COVID-19 que puedan producirse en este tipo de locales.

Así consta en una edición extraordinaria del Boletín Oficial de Cantabria (BOC) publicada este lunes y consultada por Europa Press. Se trata de la cuarta modificación de la resolución de la Consejería de Sanidad de 18 de junio de 2020 por la que se establecen las medidas sanitarias aplicables en Cantabria durante el período de nueva normalidad.

El cierre al público de los denominados clubes de alterne o prostíbulos se basa en un informe del Servicio de Salud Pública en el que se destaca la necesidad de aplicar iniciativas dirigidas a la prevención del contagio COVID-19 en este ámbito de actividad y de relaciones interpersonales, dada "la dificultad o imposibilidad de identificar casos y contactos estrechos por parte de los equipos de rastreadores, habida cuenta de la condición de desregulación de esta actividad basada, en la práctica totalidad de los casos, en el anonimato de las personas implicadas en tales relaciones."

Igualmente, considera que se generan unas condiciones de elevado riesgo de contagio en el que la aplicación de las medidas de prevención frente al propio contagio y a la transmisión del SARS-CoV "son prácticamente de imposible adopción."

Por tal motivo, "la probabilidad de producirse casos en personas relacionadas con estos establecimientos es elevada y, en caso de producirse, los estudios a llevar a cabo por los equipos de rastreadores para identificar a los contactos estrechos, resultarían enormemente dificultosos o realmente infructuosos por la alta probabilidad de ocultación de la información o simplemente por el desconocimiento de la identidad de tales contactos estrechos, lo que haría imposible el control de los focos y brotes".

ESTA MEDIDA "NECESARIA MÁS ALLÁ DEL COVID-19"

El vicepresidente del Gobierno de Cantabria, Pablo Zuloaga, ha valorado esta medida "necesaria más allá del COVID" y ha destacado que el Ejecutivo "tiene recursos y plazas disponibles para dar una respuesta y atender a estas mujeres en situación de vulnerabilidad".

Además, desde IU, la organización ha mostrado "satisfacción" por una medida que "siendo positiva, resulta insuficiente si se quiere que la decisión sea totalmente efectiva e inclusiva". Así, destaca la "urgente" protección de las mujeres relacionadas con esta actividad e insta al Gobierno a que active "sin demora" medidas como recursos habitacionales, atención sanitaria e inserción laboral.

"La reivindicación de fondo debe seguir siendo la erradicación de la prostitución como forma de explotación y violencia hacia las mujeres", subraya la coordinadora de IU, Leticia Martínez, que recuerda que la coalición de izquierdas pidió el cierre de los prostíbulos en agosto, dada la dificultad para poder rastrear los contagios que se produjeran en estos establecimientos.

"ES CIERRE DEBERÍA SER DEFINITIVO"

Pablo Zuloaga, el secretario general del PSOE de Cantabria y vicepresidente autonómico, ha manifestado que la decisión de la Consejería de Sanidad del Ejecutivo regional de cerrar los clubes de alterne y prostíbulos ante la pandemia, con independencia de la licencia bajo la que desarrollen su actividad es "un paso hacia una Cantabria más justa y segura para las mujeres". Un paso que, a su juicio, "debería de ser definitivo".

Así, según ha afirmado en un comunicado de prensa, "se debe legislar para garantizar que Cantabria sea una tierra de mujeres libres en las que no existan lugares en los que se las explote o mercadee con su cuerpo de forma permanente".

Según Zuloaga, el nuevo decreto firmado este lunes por el consejero de Sanidad, Miguel Rodríguez, es "un paso fundamental del Gobierno regional en la necesidad de seguir aplicando medidas dirigidas a prevenir el contagio del COVID-19 y controlar la pandemia". Además, el líder de los socialistas cántabros ha destacado, además, las medidas de protección sobre las mujeres que se han implementado o mejorado a raíz de las crisis COVID-19 como la red de centros de emergencia y acogida.

Zuloaga ha sostenido que "es un paso que llega como consecuencia de la evolución de esta crisis sanitaria y que obliga a las instituciones a seguir trabajando por garantizar y luchar por los derechos de las mujeres víctimas de la trata o la explotación sexual". Ellas, ha concluido, "se encuentran en especial situación de vulnerabilidad y nuestro deber es protegerlas con lo recursos necesarios".