El derecho al realojo y retorno para los ciudadanos de Cantabria afectados por actuaciones urbanísticas es algo que los afectados vienen reclamando desde hace años. La aprobación en octubre de 2016 de la conocida como Ley de Realojos, iniciativa presentada por Podemos, PP y Ciudadanos, y que contó con la abstención de PRC y PSOE, parecía un paso definitivo, pero las posibles dudas surgidas sobre la constitucionalidad del texto en torno a una de las disposiciones adicionales han llevado a los partidos impulsores a modificar su contenido. Una modificación que ha supuesto únicamente la eliminación  del apartado 4e relativo al derecho de adquisición preferente, que “no cambia” nada para los vecinos y que afecta únicamente a la administración o a la empresa promotora.

El motivo de esta modificación, según han explicado los diputados de los tres partidos, es que “no nos fiamos” del Gobierno, por lo que han decidido “blindar” la norma, que con este cambio están convencidos de que su constitucionalidad “queda avalada”. Durante la rueda de prensa José Manuel Igual (PP), Verónica Ordóñez (Podemos) y Juan Ramón Carrancio (Ciudadanos) han estado acompañados de vecinos del Pilón y Prado San Roque, quienes han criticado la actitud de los partidos en el Gobierno.

“La actitud de PSOE y PRC ha sido indigna, una puñalada trapera”, ha criticado la portavoz de la Plataforma El Pilón del Alta, Belén Madrazo, que ha recordado que “ni apoyaron, ni aportaron” nada a la ley presentada por los partidos de la oposición, a lo que se suma la “desfachatez de publicar un borrador que es una burla para cualquier cántabro”.

Madrazo ha señalado que el contenido del borrador presentado por el Gobierno cántabro “nada tiene que ver con lo aprobado” en el Parlamento relativo a la Ley de Realojos

Madrazo ha señalado que el contenido del borrador presentado por el Gobierno cántabro “nada tiene que ver con lo aprobado” en el Parlamento relativo a la Ley de Realojos, algo que ha reafirmado el portavoz de la Plataforma Prado San Roque, José Luis Hedreño, para quien dicho borrador “vuelve a la antigua” ley, “vuelve a hablarse de un justiprecio que no es justiprecio ni es nada, y que permite que te echen de tu casa por dos euros. Nosotros luchamos por quitarlo”.

Accesorio, superfluo y de ornato

Respecto al párrafo ‘dudoso’ eliminado de la Ley de Realojos, que ha vuelto a ser registrada en el Parlamento tras las rueda de prensa, Igual, Ordóñez y Carrancio han explicado que es "accesorio, superfluo y de ornato", un "mero apéndice en una disposición adicional" cuya supresión "no tiene ninguna trascendencia ni efecto" para los vecinos, por lo que han preferido "poner el parche antes de la herida" y proponer su eliminación para "no poner en riesgo bajo ningún concepto" los derechos de realojo y retorno en viviendas y locales.

El párrafo en cuestión se refiere al derecho de adquisición preferente por parte de la constructora o la administración, y aunque Cs, Podemos y el PP consideran que está "bien redactado y es constitucional", entienden que eliminando ese apartado, la ley sigue cumpliendo su objetivo de impedir que se pueda "arrebatar" a los vecinos su vivienda o su bajo comercial "a cambio de cuatro monedas".

La diputada de Podemos ha insistido en que no confían en el Gobierno de Cantabria, después de que los grupos que le sustentan se hayan "negado" a participar en la ley

Ordóñez ha destacado que se trata de una ley "extraordinaria" por su contenido, pues es "la primera" norma autonómica que protege los derechos constitucionales de la vivienda y el trabajo al incluir también el realojo de locales, y por las formas, porque se ha conseguido gracias a las aportaciones de los afectados, cuyas comparecencias en el Parlamento han permitido "acercar posturas" a tres partidos ideológicamente distantes hasta llegar a un consenso.

En este sentido, la diputada de Podemos ha insistido en que no confían en el Gobierno de Cantabria, después de que los grupos que le sustentan se hayan "negado" a participar en la ley y hayan hecho reiteradas "advertencias" sobre su legalidad que "no se han cumplido".

Por su parte, Igual ha añadido que es una ley "audaz" que resuelve un "vacío legal muy importante y un problema que había en Santander y en toda Cantabria". Una ley en la que, curiosamente, las cuestiones en las que ha habido que "surfear" la normativa estatal no se han puesto en duda, y solo se ha cuestionado un párrafo que "no tiene absolutamente ninguna virtualidad".

Igual ha repetido el mensaje de que "no nos fiamos" del Gobierno de Cantabria, si bien ha señalado que los letrados que defenderán la ley en la reunión del día 29 están "convencidos de que es plenamente constitucional", como le han trasladado personalmente. No obstante, ha insistido en que con la propuesta de modificación registrada este martes, la ley llegará a esa reunión del 29 de marzo con un "doble seguro".

Un “doble seguro” que, esperan, permita que la tramitación se realice lo más rápidamente posible para que “no haya ni un minuto” en el que los vecinos queden sin amparo legal. En este sentido, Carrancio ha recordado que si el día 29 no se logra un acuerdo “la ley completa queda en suspenso”.