La acusación particular pide dos años y seis meses de prisión, multa de 18 meses con una cuota diaria de 12 euros y una indemnización de 5.323 euros por los daños causados y de 12.255 euros por los “perjuicios irrogados de la imposibilidad de llevar a cabo la actividad cinegética” –es decir por el lucro cesante– para el naturalista Luis Miguel Domínguez y los otros cuatro activistas del colectivo Lobo Marley que hace dos años destrozaron con motosierras dos casetas que habían sido instaladas para matar lobos en un coto de caza de la Sierra de la Culebra (Zamora), una acción que grabaron y difundieron a través de internet para denunciar la instalación de ese tipo de casetas y por la que ahora tanto la acusación particular como el Ministerio Fiscal y la Junta de Castilla y León les atribuye un delito continuado de daños.

En un vídeo distribuido para informar sobre la notificación del auto del Juzgado de Primera instancia e Instrucción número 6 de Zamora que decreta la apertura de juicio oral contra los cinco activistas y pedir ayuda a la sociedad, Domínguez critica que los activistas de Lobo Marley tengan que estar “día sí y día también en los tribunales” y que ahora se les reclame una “fianza de 50.000 euros” antes de ser juzgados, “mientras vemos cadáveres de lobo colgados de señales de tráfico”.

En el vídeo, Domínguez asegura que los cinco procesados tienen la “cabeza bien alta” porque no han “matado a nadie”, que su denuncia de las casetas instaladas para matar lobos ha sido llevada a cabo “bienintencionadamente”, con “rigor” y a “conciencia” y que su acción no va “en contra de nadie sino a favor de la sociedad”.