En esa fecha, el acusado, que es reincidente, tenía prohibido salir de la ciudad de Santander.
La vivienda fue vendida por el procesado a terceros "de buena fe" el 4 de julio de 2013 por un precio de 91.000 euros.
Hay otros cuatro acusados por alguno de estos delitos, para los que pide entre ocho y cuatro años de prisión.
El fiscal pide cuatro años y medio de prisión para cada uno.
El Ministerio Público solicita que la prisión sea sustituida por la expulsión del país.
Según el relato de hechos, el acusado se encontraba "seriamente enemistado" con el exmarido de quien había sido su pareja.
El motivo fue la apropiación indebida en la compraventa del negocio familiar.
El tribunal impone la pena correspondiente al delito más grave, el asesinato, en su máxima extensión.
Los hechos ocurrieron un 9 de agosto de 2015 a las seis de la madrugada
